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domingo 12 de febrero de 2017, 20:00

Teresa Martínez, fiscal paraguaya en pie de guerra contra la trata de personas

Desde su despacho del Ministerio Público de Paraguay, la fiscal Teresa Martínez declaró una guerra sin cuartel contra las mafias que controlan dos de los entramados delictivos más lucrativos y dañinos del país: la trata de personas y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

EFE.

Martínez lleva más de diez años al frente de la unidad de la Fiscalía especializada en este tipo de delitos, y acumula más de 30 años de experiencia en el trabajo con niños y adolescentes, un período en el que Paraguay ha registrado algunos avances, pero también retrocesos, según declaró en una entrevista con Efe.

Entre los avances, destaca la "desjudicialización de los problemas sociales de la infancia", que significa que problemas como los niños en situación de calle o la explotación infantil dejaron de ser competencia de los jueces, y pasaron a estar en manos de un sistema de protección social.

Sin embargo, advirtió de que este sistema nunca se llegó a instalar plenamente, debido a que no está dotado de presupuesto, y tampoco existen políticas públicas ni inversión suficiente para responder a estos problemas.

"Esas políticas públicas no tuvieron los presupuestos necesarios para que puedan efectivizar los derechos de los niños. Se sigue con ese pensamiento de compasión y represión, que teóricamente se abandonó desde 2001 con las leyes de la niñez, pero en las prácticas sociales está siempre instalado", argumentó.

Estos fallos en el sistema de protección de menores se evidencian, por ejemplo, en los casos de criadazgo, una práctica arraigada en Paraguay, en la que una familia de escasos recursos cede a uno de sus hijos a otra de mayores ingresos, a cambio de que le proporcione alimentación y educación, y que afecta a cerca de 47.000 menores en el país.

La fiscal aseguró que, en la mayoría de los casos, el criadazgo constituye un hecho de trata interna de personas, debido a que se desarrolla un proceso de captación, traslado y posterior explotación laboral de los menores, que "se convierten en esclavos domésticos, sin remuneración, y sufren maltrato".

Además de la trata interna, que afecta principalmente a los menores de edad, la trata internacional de personas convierte a Paraguay en un país de origen, tránsito y destino de las mafias que trafican con personas, uno de cuyos centros de operaciones es Ciudad del Este, en la zona de la Triple Frontera con Argentina y Brasil.

"La Triple Frontera es una zona muy apta para la trata de personas, porque cuenta con una extensa frontera seca que permite eludir los controles migratorios. Además, hay un permanente flujo de personas, y se detecta corrupción por parte de las autoridades encargadas del control de documentos", explicó Martínez.

Entre las circunstancias que hacen a las personas más vulnerables a las redes de trata, Martínez citó el género, con un 100% de las víctimas de explotación sexual que son mujeres, así como la inequidad de oportunidades laborales, el abandono temprano de los estudios, o situaciones previas de violencia de género.

"Existe en Paraguay una visión utilitaria de las niñas y las mujeres, y se piensa que la única salida laboral para las chicas del interior del país es el servicio doméstico. Si éste no cubre las necesidades básicas, muchas caen en redes de trata y acaban siendo explotadas sexualmente", denunció.

A lo largo de su carrera, dedicada a perseguir, investigar y castigar a los responsables de este tipo de delitos, la fiscal reconoce que los casos que más le impactaron fueron los que evidencian el daño que deja la trata y la explotación en las personas.

"Se evidencia, más allá de la ficción, el daño que produce en las personas, cómo son cosificadas al extremo de que ellas mismas se sienten culpables de lo que les pasa. No se consideran a sí mismas como víctimas, y eso es lo más difícil, porque esa situación no permite que puedan cerrar el circuito de explotación en el que fueron insertas", explicó.

Por ello, la fiscal insistió en la necesidad de acompañar y brindar apoyo psicológico, médico y legal a las víctimas de trata, y desarrollar sus capacidades, para "darles autonomía y convertirlas en elegibles para un trabajo decente".

Según datos de la ONU, las mujeres representan el 70 % de las víctimas de trata de personas, una actividad ilícita que mueve anualmente 32.000 millones de dólares en todo el mundo.

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