Desde hace muchos años, el tratamiento anual de la ley más importante de la nación –el Presupuesto General de Gastos de la Nación– genera siempre temores, tanto en términos de cómo será elaborado el mismo en el Poder Ejecutivo y más aún, de cómo se dará su tratamiento en el Congreso.
El Presupuesto, este instrumento esencial para el funcionamiento de la República, define cuáles son en realidad las prioridades que se establecen en el país.
En términos generales, al menos en los últimos 12 años hemos visto que en la preparación del Presupuesto por parte del Ministerio de Hacienda, se ha apostado a presentar algo equilibrado en función a las reales posibilidades del país.
Uno podrá discutir sobre las prioridades asignadas en los gastos en términos de algunos aspectos centrales para el desarrollo a largo plazo del país, pero hubo siempre un esfuerzo por mantener el equilibrio.
Hay que reconocer que esto último tiene que ver con un Ministerio de Hacienda que ha ido construyendo a través de los años una institucionalidad y una capacidad técnica que le ha permitido mantener una línea previsible; entre otras cosas en este tema del Presupuesto.
Digamos que en ese sentido no existen mayores temores y en todo caso podríamos centrar la discusión sobre las prioridades establecidas en los presupuestos que se preparan debatiendo si las partidas realmente apuntan al desarrollo del país.
Sin embargo, cuando el Presupuesto llega al Congreso Nacional y se inicia el tratamiento del mismo, aparecen automáticamente las desconfianzas y enormes temores en términos de qué es lo que finalmente se terminará aprobando.
Y el tema es que nuestro Congreso tiene la potestad constitucional de modificar totalmente el Presupuesto que recibe, aumentando gastos en la proporción que se le ocurra e incluso asumiendo ingresos potenciales que probablemente nunca existirán, solo para cuadrar de alguna manera dicho Presupuesto.
Por supuesto que en una democracia, la lógica de equilibrio de poderes es fundamental y el Congreso debe tener la posibilidad de revisar profundamente un instrumento tan importante. El problema surge cuando en esta función revisora, surgen comportamientos que están más bien fundados en una lógica clientelar y se asignan alegremente partidas presupuestarias sin considerar la real capacidad del Estado para enfrentarlas.
Probablemente el ejemplo más grave de lo mencionado en los últimos años ocurrió en el año 2011 cuando en el tratamiento del Presupuesto, el Congreso aumentó los salarios en el sector público en alrededor del 34% para el siguiente año. Las consecuencias se seguirán sintiendo por varios años aún.
Luego tuvimos unos años de relativa tranquilidad en donde siempre estuvieron presentes los temores en el momento del tratamiento del Presupuesto, pero que finalmente resultaron en algo razonable y equilibrado.
En este momento, en el marco de una crispación política importante, resurge con mucha fuerza el miedo a que se decida de vuelta un aumento salarial al sector público que claramente resultará en un problema muy grande para las finanzas del país; es decir, beneficiará a unos pocos en detrimento del interés general.
Un primer llamado de atención fue la bonificación otorgada a los funcionarios de la Cámara de Diputados, que generó una fuerte reacción ciudadana y que desembocó en que el Poder Ejecutivo decidiera por su parte suspender todo tipo de gratificación especial para lo que queda del año. Por cierto, esto debería trasladarse también a los años venideros.
En definitiva, son semanas en las cuales deberemos estar sumamente atentos a las diferentes movidas en cuanto al tratamiento del Presupuesto, pues en este ambiente político tan tenso, es finalmente la decidida reacción de la ciudadanía la que podría evitar un Presupuesto con impactos negativos de largo plazo.
