La lista de desafíos económicos, sociales y hasta judiciales proyectan un gobierno obligado a obtener resultados contrarreloj antes de las próximas presidenciales de 2018, que no podrá desatender las presiones de la heterogénea base de partidos que impulsó su ascenso.
Y todo bajo la negra sombra del escándalo de corrupción en Petrobras.
Es el mayor desafío y la mayor apuesta: pasar de un modelo de sesgo intervencionista a uno con mayores libertades económicas, que incluye en su menú privatizaciones y un fuerte ajuste.
Temer cuenta con el aval de la industria y del mercado. Desde que asumió interinamente en mayo tras la suspensión de Rousseff, la bolsa de São Paulo subió cerca de 29% y el real se apreció en torno al 15,7%.
Pero el país está en ruta a su primer bienio recesivo en más de 80 años y esta semana los datos oficiales mostraron que el desempleo marcó un récord de 11,6% en mayo-julio y el PIB se contrajo 0,6% en el segundo trimestre.
Con un rojo fiscal estimado en unos 53.000 millones de dólares este año, para el analista Harold Thau, de la consultora Técnica, “la prioridad es reorganizar las cuentas públicas”. “Ya no existen las condiciones de seguir gastando más de lo que se recauda y tampoco hay condiciones para aumentar los impuestos”.
Temer designó a Henrique Meirelles como ministro de Hacienda. Ya anunció que buscará frenar el gasto, flexibilizar el mercado laboral y reducir el costo de las jubilaciones.
Todo apunta a la vuelta de la ortodoxia. Pero esas iniciativas, además de impopulares, requieren enmiendas constitucionales y mayorías especiales en el Congreso.
A los 75 años Temer, que era vicepresidente de Rousseff, es una pieza permanente del ajedrez del poder brasileño. Pero su popularidad es baja y carece del respaldo de las urnas.
“No puede obviarse que Dilma fue destituida en gran parte por su inhabilidad para relacionarse con el Congreso. Temer deberá conseguir mayorías fuertes y para eso tiene que hacer concesiones”, dijo Sylvio Costa, fundador del sitio Congresso em Foco, especializado en la actividad parlamentaria. AFP
