“La cárcel de Manaos estaba tercerizada y no hubo una responsabilidad muy clara, objetiva, definida de los agentes estatales”, subrayó Temer, durante una reunión con ministros para analizar la crítica situación del sistema penitenciario brasileño.
Después de tres días en silencio, Temer se solidarizó por primera vez con los familiares de las víctimas de la matanza, la cual consideró un “accidente pavoroso” y “terrible”.
Un total de 56 presos murieron entre el 1 y 2 de enero en un complejo penitenciario de Anísio Jobim de Manaos, en una rebelión supuestamente comandada por la facción Familia do Norte (FDN), el tercer grupo criminal más importante de Brasil y que tiene un gran poder en la región norte del país.
El presidente anunció un mayor control por parte del Estado federal y anunció que liberará dinero para la construcción de cinco presidios federales destinados a reos de alta peligrosidad, así como para la instalación de bloqueadores de señal telefónica en el interior de las cárceles.
El mandatario recalcó que la responsabilidad sobre las prisiones es de los gobernadores regionales, pero precisó que hay una “necesidad imperiosa” de que el Gobierno federal “entre en el sistema de seguridad” sin “invadir” las competencias.
“Se trata de un problema nacional”, enfatizó.
Recordó que el Gobierno está preparando un Plan Nacional de Seguridad Pública, el cual está previsto que sea presentado a finales de este mes y sea adherido por los estados brasileños.
Uno de los puntos principales del documento será la separación en diferentes presidios de los reos con alta peligrosidad, de aquellos que fueron condenados por delitos menores, según explicó el jefe de Estado antes de comenzar la reunión con el llamado núcleo institucional de seguridad del Gobierno.
En el encuentro participaron los titulares de Justicia, Alexandre de Moraes; de Relaciones Exteriores, José Serra; de Defensa, Raul Jungmann; de Seguridad Institucional, Sérgio Etchegoyen y de la Presidencia, Eliseu Padilha.
