“Tendremos ahora el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública debido a que los últimos hechos, especialmente los de enero, mostraron la necesidad de que el Gobierno federal comience a actuar fuertemente en el área de seguridad pública”, aseguró el jefe de Estado en la ceremonia en que juramentó a cuatro nuevos ministros.
Además de una reestructuración del Ministerio de Justicia, en el que Alexandre Moraes fue juramentado nuevamente pero ahora con funciones ampliadas, el Gobierno recreó dos ministerios en su nueva reforma al Gabinete y nombró como nuevo titular de la Secretaría de Gobierno al diputado Antonio Imbassahy.
Uno de los nuevos ministerios es el de Derechos Humanos, asumido este viernes por la exmagistrada Luslinda Valois, que hasta ayer se desempeñaba como secretaria de la Igualdad Racial y a partir de ahora comandará todas las secretarias de protección a las minorías que antes dependían del Ministerio de Justicia, como las de mujeres, negros e indios.
El otro ministerio recreado fue el de la Secretaría General de la Presidencia, en el que fue juramentado Wellington Moreira Franco, un antiguo amigo y correligionario de Temer que está salpicado por el escándalo de corrupción en la petrolera Petrobras y que ahora, como ministro, contará con fuero privilegiado.
En la ceremonia de este viernes en Brasilia Temer dijo que la reforma que elevó de 26 a 28 el número de carteras de su Gabinete fue necesaria principalmente para reforzar las áreas de seguridad pública y derechos humanos, cuya vulnerabilidad quedó en evidencia por la crisis penitenciaria.
Desde el 1 de enero se han registrado en Brasil rebeliones en numerosos presidios que han dejado al menos 130 muertos y decenas de heridos y que son atribuidas a disputas entre grandes organizaciones criminales por el control del tráfico de drogas en las cárceles.
En su primera reacción a las matanzas, el Gobierno anunció la construcción de cinco presidios federales y 25 regionales, la instalación de escáneres y sistemas de rayos X en la mayoría de las cárceles y la movilización de unos mil militares para que refuercen las inspecciones de presos para buscar armas, drogas y teléfonos móviles.
Las medidas, según el Ministerio de Justicia, buscan garantizar la seguridad y reducir el grave hacinamiento del sistema penitenciario brasileño, que alberga a unos 622.000 reos, un número en un 67,3 % superior a su capacidad.
“El gran número de rebeliones y las rebeliones seguidas de tragedias exigieron que el Gobierno federal comenzara a actuar con más empeño en el área de seguridad pública”, afirmó Temer.
El jefe de Estado explicó que la Constitución Federal de Brasil atribuye a los gobiernos regionales la responsabilidad por la seguridad pública y que por eso el Gobierno federal poco actuaba en esta área.
“Pero la realidad se impuso. El problema penitenciario superó las fronteras de los estados y las fronteras jurídicas y obligó al Gobierno a intervenir, primero con recursos para la construcción de presidios pero también con movilización de fuerzas”, subrayó.
Según el mandatario, el Gobierno federal invirtió en los últimos meses unos 1.200 millones de reales (unos 387,1 millones de dólares) en proyectos de seguridad pública y desplazó a los estados que lo solicitaron miembros de la Fuerza Nacional de Seguridad y de las Fuerzas Armadas.
“Por eso aumentamos las funciones del Ministerio y cambiamos su nombre para Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. No es un placer hacer eso, ya que queremos en que en algún tiempo podamos decir que vamos a construir nuevas escuelas y hospitales, y no nuevos presidios”, dijo.
Agregó que otro asunto que preocupa al país es el de los derechos humanos, que se globalizó ante la necesidad de proteger a los refugiados y a las minorías, y que por eso decidió recrear el Ministerio que se encargaba específicamente del área.
