“Detectamos una alta incidencia de homicidios intencionales o dolosos que se evidencia en una tasa de 70,1 por cada 100.000 habitantes”, lo que se traduce en 21.752 homicidios, indicó la funcionaria durante la presentación de su informe anual en la sede del Ministerio público (MP).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que existe una “epidemia” de violencia en un territorio cuando se registran tasas de más de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes.
De las muertes en Venezuela, el 86,6 % fue causado por armas de fuego, por lo que, concluyó la fiscal, “es imperativo el desarme de la población civil”.
Esta es la cifra oficial más alta de la que se ha informado en Venezuela. En 2015 este indicador cerró en 58,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, según la propia Fiscalía, lo que se traduce en 17.778 personas que perdieron la vida por causa de un homicidio intencional.
En este sentido, la fiscal hizo un llamado a la unificación del país para trabajar en la reducción de la criminalidad, uno de los principales problemas que agobia a los venezolanos junto a la situación económica.
Durante ese periodo murieron a manos de la Policía 4.667 personas, según los datos presentados en el informe.
Ortega señaló que “sin necesidad de valorar la legalidad de estas muertes”, las políticas policiales aplicadas por sí mismas “implican un aumento de la situación de violencia del país”.
Por lo que, a su juicio, “resulta imprescindible que el órgano rector en materia de seguridad ciudadana tome las directrices” recogidas en las leyes competentes en materia policial.
Del total de homicidios, 12.069 víctimas fueron jóvenes con edades comprendidas entre 30 y 15 años, “un trágico saldo que atenta contra nuestra generación de relevo”, apuntó.
En total fueron imputadas 13.334 personas por homicidios, algunas de ellas señaladas como responsables de más de un delito, y fueron acusadas formalmente 5.796 personas.
Asimismo fueron imputados 12.441 funcionarios por la presunta violación de derechos humanos y se acusó a 635, 266 de ellos ya condenados, aseguró.
En este contexto se refirió también a la actuación de los cuerpos de seguridad en la denominada Operación Liberación del Pueblo (OLP), despliegues bandera del Gobierno de Nicolás Maduro durante el 2016, en el que, dijo “perdieron la vida 241 personas y el Ministerio Público imputó por ello a 80 funcionarios de distintos cuerpos de seguridad y acusó a 17".
El propio Gobierno ha reconocido excesos en la actuación de los cuerpos de seguridad en estos operativos y anunció un relanzamiento del plan ahora llamado Operación Liberación Humanitaria del Pueblo (OLHP), sin embargo algunas ONG mantienen sus críticas por estas actuaciones.
