Las autoridades anunciaron ayer que recababan pruebas para pedir al tribunal militar una orden de arresto contra los 15, todos ellos detenidos en una base militar de Bangkok, y otras dos personas a las que previamente detuvieron y pusieron en libertad.
En su comparecencia ante la división contra el crimen de la Policía, los detenidos negaron cualquier vinculación con la explosión de una docena de bombas que entre el 11 y 12 de agosto causaron 4 muertos y 35 heridos, 10 de ellos extranjeros.
En cambio, admitieron formar parte de un nuevo grupo llamado Partido de la Revolución para la Democracia, que sería una escisión de los “camisas rojas”, movimiento que apoya al gobierno derrocado en el golpe de estado militar de 2014, indicó la prensa local.
Por ello, la Policía les acusó por violar órdenes de la junta castrense que gobierna el país, amenazar la seguridad del Estado e intentar derrocar al ejecutivo, además de por posesión de armas.
El jefe de asuntos penales de la Policía, Chayapon Chatdet, admitió que no hay pruebas para implicarles en la ola de atentados pero indicó que pedirá a la corte militar que alargue su detención para someterles a más interrogatorios, según el canal Thai PBS.
Nadie ha reivindicado esos atentados que las autoridades atribuyen a motivaciones políticas sin identificar pero que las pruebas y el procedimiento apuntan hacia el movimiento separatista de la región de mayoría malaya y musulmana del sur del país.
Más de 6.500 personas han muerto en este conflicto desde que la insurgencia separatista reanudó la lucha armada en 2004, después de una década de letargo.
Los insurgentes denuncian la discriminación que sufren por parte de la mayoría budista y exigen la creación de un Estado que integre las provincias de Pattani, Yala y Narathiwat, que configuraron el antiguo sultanato de Pattani y que Tailandia anexionó hace un siglo.
