De esta manera, el JEM inicia de oficio una investigación contra el mencionado magistrado, supuestamente por beneficiar al recluso de nacionalidad brasileña Jarvis Chimenes Pavão, condenado por narcotráfico, con una resolución para evitar que el interno sea trasladado del penal de Tacumbú a la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.
Su traslado debía llevarse a cabo luego de que saliera a luz los casos de celdas vips que habían en la penitenciaría de Tacumbú, siendo Pavão uno de los internos que cumplía su condena entre lujos.
Ante estas irregularidades, la entonces ministra de Justicia, Carla Bacigalupo, había solicitado el traslado del interno; sin embargo, el abogado defensor de Pavão, Jorge Prieto, había pedido una aclaratoria al juez Rubén Ayala Brun, respecto a una resolución del 2014, en la cual decía que debía permanecer en Tacumbú. Luego, el juez había enviado a la penitenciaría el oficio señalando que efectivamente aquel fallo decía que debía guardar prisión en Tacumbú, por lo cual Jarvis no fue derivado inicialmente a la Agrupación. Sin embargo, a la noche, tras cambiar a la ministra por el actual secretario de la cartera, Éver Martínez Fernández, las fuerzas especiales llevaron a Jarvis a hasta la sede policial. Días después, el juez Ayala Brun declaró en varios medios que no evitó el traslado del interno y que solamente comunicó la resolución del 2014, por pedido del abogado Prieto.
