De acuerdo con la institución, los datos consignados en los contratos por parte del representante legal de cada oenegé tienen carácter de declaración jurada, “y si los datos proporcionados no se ajustan a la realidad, los directivos de las organizaciones deberán responder ante la Justicia por cualquier eventual hecho punible, como sería la producción de documentos públicos de contenido falso”.
La gacetilla de prensa de la institución señala que la actual administración denunció ante la Fiscalía las presuntas multimillonarias irregularidades detectadas en el uso de los fondos del Fides por las oenegés durante gobiernos anteriores, y que no dudará en volver a hacerlo.
La Fiscalía se encuentra realizando allanamientos a las oenegés que cobraron millones del ente rural.
