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Sucesos
lunes 22 de agosto de 2016, 01:00

Suman dos familias que exigen al Estado pago por fallidos operativos de agentes

En los últimos tres meses, dos sonados procedimientos malogrados que protagonizaron tanto agentes especiales de la Senad y la Policía Nacional permitieron a dos familias afectadas presentar una demanda contra el Estado paraguayo y exigir una indemnización por los daños causados.

El último episodio en que quedó demostrado el abuso de poder se registró sobre las calles 24ª Proyectada y Pa’i Pérez. Allí, Richard Ramón Pereira Ramírez (25) acusó un disparo a la altura de la nuca, de cuya consecuencia quedó parapléjico. El suboficial 1º Jhonie Osvaldo Orihuela Chávez y el comisario Jorge Ignacio Zárate Barreto están implicados en el episodio y actualmente se encuentran presos en la Agrupación Especializada.

Luego de reducir al joven tras una persecución, el suboficial le metió el disparo. Luego labraron un acta donde hicieron figurar que la víctima inició una balacera y plantaron en su vehículo un arma calibre 22, más tres tocos de marihuana. Un video de cámara de seguridad delató a los agentes y se confirmó que el afectado estaba desarmado.

El abogado de la familia confirmó a ÚH que, además de presentar la querella adhesiva en contra de los agentes, demandarán al Estado paraguayo por el daño irreversible que los agentes del orden causaron a Pereira durante el dudoso procedimiento.

Aún no definieron el monto, ya que analizarán los costos del tratamiento, terapias y otros gastos que demanda el cuidado del joven que quedó inmovilizado de por vida, según los doctores.

Otro caso que causó indignación fue el fallido operativo realizado por los agentes especiales de la Senad el pasado 18 de junio en Nueva Italia. En ese entonces, nueve agentes balearon una camioneta de la familia Zanotti Cavazzoni y causaron la muerte de la niña Viviana Paredes Zanotti (3), y dejaron herido al tío de la menor, Alessandro Zanotti, quien aún sigue con tratamiento y en cuyo cuerpo aún siguen alojadas dos balas.

Por este suceso, la familia presentó la demanda y exige el pago de 7.600 millones de guaraníes al Estado. El monto debe distribuirse a la familia de la pequeña, al herido, la empresa afectada, cuyo móvil fue acribillado, y a los abuelos de la fallecida.

Los nueve agentes están imputados y guardan prisión en la Agrupación Especializada. Hoy lunes tendrían resultados de la pericia realizada al proyectil extraído de la cabeza de la menor, según el Ministerio Público.