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Interior
sábado 23 de julio de 2016, 01:00

Sueño de la casa propia sucumbe entre malezas en el km 10 Acaray

Por Wilson Ferreira

CIUDAD DEL ESTE

Un total de 101 familias, que desde hace tiempo, acordaron con la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat) convertir en realidad el sueño de la casa propia, en la zona del km 10 Acaray de Ciudad del Este, denuncian que las construcciones están a medio terminar y desde hace años se encuentran abandonadas.

Pese a que por contrato cada beneficiario ya abonó un adelanto de G. 2.750.000, lo que totalizaría la suma de G. 277.750.000, actualmente ya deberían haber estado viviendo en la casa. Pero hoy las estructuras son víctimas de la rapiña, de la maleza y para colmo, sirven como guarida a los criminales.

En una carta dirigida a Soledad Núñez, ministra de la Senavitat, solicitan que se tomen las medidas necesarias para concluir el proyecto. La firma del contrato entre la Senavitat y la empresa El Progreso, responsable de la ejecución de la obra, fue suscripta el 4 de agosto de 2011 y el plazo de entrega era de 310 días. Pero a julio del 2016, las obras siguen sin concluir.

“Por ello reclamamos la falta de acción por parte de la institución durante estos cuatro años de espera para la entrega de las viviendas. Cuál es la causa que motiva a la Senavitat a la no ejecución de la póliza de garantía de cumplimiento de contrato, cuya finalidad es resguardar los intereses de inversión y por ende, los intereses de los adjudicados, que ya han realizado los pagos exigidos por dicha institución”, refiere parte de la carta que lleva la firma de todos los adjudicatarios que conformaron una asociación.

NO INNOVAR. Cabe mencionar que el inmueble, donde se construyeron las viviendas, cuenta con un litigio judicial, expediente número 27 del año 2014 caratulado: “Joaquín Idalín Paiva contra Arnaldo Barreto Fidavel sobre nulidad de acto jurídico”, según el expediente número 27. El primero es dueño de las tierras y el segundo, representante de la empresa adjudicada para la construcción de las casas.

En el marco de la causa, se dictó una medida cautelar de prohibición de innovar que impedía cualquier trabajo en el inmueble, pero fue levantada en agosto del año 2015, por lo que los adjudicatarios reclaman el motivo por el que no continúan los trabajos.

“Solicitamos se vea una solución lo antes posible para la reanudación de las obras. Nos afecta sobremanera el retraso excesivo en la entrega de las viviendas, a nosotros, los legítimos adjudicados, pues ya tenemos dinero invertido allí”, añade la carta.

En otra parte del escrito, adelanta que caso contrario se verán obligados a entablar una demanda judicial.

El costo total de las casas es de G. 70 millones, que debían ser abonadas en cuotas de G. 550.000, monto mucho menor que el alquiler de viviendas que los adjudicatarios siguen abonando desde hace tres años.