Sonia Chamorro tuvo su bebé el 24 de octubre de 2014.
Como trabaja en tareas domésticas y es aportante del Instituto de Previsión Social (IPS), munida de los documentos necesarios, solicitó su reposo por maternidad. Ingenua, Sonia. Creía estar ante un trámite breve y sencillo.
Desde entonces, fue una y otra vez, gastando tiempo y dinero en pasajes, solo para escuchar la misma respuesta: “No, señora. Su reposo todavía no salió”.
Obstinada, Sonia. No se desalentó, pues era algo que le correspondía. Anotó en una libretita todas las veces que fue a averiguar el estado de su expediente. Fue en dos ocasiones en abril, una vez en mayo y tres en junio.
En julio le dijeron que el certificado de nacimiento de Fabrizio, su —a estas alturas— robusto hijo, se había perdido, por lo que tuvo que reiniciar el trámite y volver en dos oportunidades ese mes y otras tres veces en agosto. Eso, sin contar varias decenas de llamadas telefónicas.
Desinformada, Sonia. Nadie le había contado que para que su trámite se moviera debió haber pagado 50.000 guaraníes de coima a un funcionario.
Cuando lo supo, se sintió sola, pero solo por desinformada. Hay miles de usuarios que sufren el mismo padecimiento que ella. Para ser exactos, 55.000. Ese es el número de expedientes de solicitudes de reposo que los empleados del ente tenían paralizados.
Una de las últimas veces que fue, una funcionaria se apiadó de ella y le mostró una habitación donde eran tiradas las carpetas de solicitudes de reposo de poca monta. Era una montaña de papeles polvorientos que se alimentaba día a día con los formularios que entregaban otros incautos como Sonia. Llegó a ver solicitudes del año 2010 que dormían el sueño de los justos sin que a nadie se le moviera un pelo.
Ese día, Sonia sintió que no podía haber mayor humillación que la que la estaba sometiendo nada menos que la institución encargada de velar por la seguridad social. Equivocada, Sonia. Hace unos días leyó con rabia un reportaje de Luis Bareiro en el que se contaba que las solicitudes de reposo de los funcionarios del ente se cobraban con celeridad y que los mismos recibían la totalidad del sueldo y no la mitad como los aportantes comunes.
En los últimos seis meses se otorgaron más de 15.000 permisos pagados a funcionarios de una institución que tiene una nómina de poco más de 16.000. Un vagón de dinero. Y, sobre todo, una miserable injusticia. Menos del 5% de los aportantes consiguen sus licencias frente al 95% obtenido por los funcionarios.
Doblemente ilusa, Sonia. Espera que alguien vaya preso por esta corrupción monumental. Y, además, cree que antes del festejo del primer añito de Fabrizio cobrará su reposo.
