El principal conflicto social en el Paraguay sigue siendo la desigual distribución de la tierra y la falta de su racional aprovechamiento productivo en beneficio de la mayoría de la población, una situación profundamente asociada con la pobreza, la injusticia, la corrupción y la impunidad, que se arrastran desde finales del siglo 19 y que no han podido ser resueltas hasta ahora por ningún gobierno, generando continuos enfrentamientos violentos y lamentables pérdidas de vidas humanas en el campo.
Dos lamentables casos de asesinatos por conflictos de tierra, ocurridos recientemente en la zona de Vaka Retã, Alto Paraná, y en la estancia Pindó, Canindeyú, han causado conmoción entre los productores. En el primer caso fue asesinado Alex Socoloski, cuando estaba operando un tractor en su chacra, y en el segundo caso, Julio Cesar Núñez, cuando estaba manejando una fumigadora, también en sus parcelas de cultivos agrícolas.
La preocupación ante estos crímenes motivó a que sectores como la Unión de Gremios de la Producción (UGP) y la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP) hayan convocado ayer a una gran Movilización por la Paz en el Campo, en el distrito de Minga Porá, reclamando que el Gobierno les otorgue mayor seguridad para poder trabajar.
Más allá de las diferencias que a menudo se dan entre los gremios de la producción y las organizaciones campesinas, el reclamo que plantean es el mismo: que no haya más hechos de violencia y se pueda trabajar en paz. Desde hace décadas los campesinos también reclaman por las víctimas de esta situación. El llamado informe Chokokue, realizado por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), detalla rigurosamente los casos de 115 dirigentes campesinos asesinados en conflictos de tierra entre 1989 y 2013 que en su mayoría no han sido investigados y permanecen en la impunidad.
La responsabilidad mayor ante esta situación es del propio Estado. Hasta ahora no existe un catastro total en el país que ayude a ordenar la propiedad de la tierra, para que se pueda saber quién es el verdadero dueño de cada hectárea, cómo la obtuvo y en qué medida está sujeto a la legalidad. No se han investigado ni se han recuperado las tierras malhabidas. Hay propiedades vendidas muchas veces en infames negociados que involucran a políticos y altas autoridades.
En ese contexto se siguen alimentando los enfrentamientos estériles entre compatriotas, como el actual conflicto en la zona de Guahory. Es hora de entender que de este modo solo se agravarán los conflictos y se derramará más sangre. Hay que trabajar juntos por un mismo objetivo: equidad, productividad, ordenamiento jurídico y territorial para lograr un verdadero desarrollo con justicia social.
