Es decir, G. 94 irán para pagar salarios, deudas y transferencias (a entidades sin fines de lucro) y apenas G. 6 sobrarán para la inversión física. Este hecho motiva al Estado a recurrir a préstamos de organismos multilaterales o a emitir bonos del Tesoro, para financiar las obras.
Entretanto, si se compara el dinero de los impuestos pagados por los contribuyentes destinado netamente a abonar salarios, se puede notar que el próximo año se gastarán G. 73 de cada G. 100 de los tributos en servicios personales. Actualmente, la relación es de G. 76 de cada G. 100 recaudados.
La reducción de los gastos se dará a pesar de que el próximo año se prevé el ajuste salarial para cuatro sectores, que costará USD 186 millones en total. Este ajuste tendrá como objetivo equiparar el salario mínimo que fue incrementado en un 10 por ciento este año. En el caso de los docentes, es un salario mínimo por turno.
Mientras que para Salud se destinarán G. 271.000 millones; para docentes serán G. 220.000 millones; y para las fuerzas públicas se asignarán G. 250.000 millones.
Para los demás funcionarios administrativos se utilizarán G. 70.000 millones, según el anteproyecto.
contención. Asimismo, se prevé un aumento del gasto corriente primario (gasto corriente, descontados los intereses) de 8,5%, dentro del límite del 9% establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal.
La normativa que intenta poner orden en las cuentas del Estado refiere en uno de sus artículos que el crecimiento del gasto corriente no deberá exceder la tasa de inflación interanual, estimada en 5%, más el 4%. El objetivo de esta disposición es generar espacio fiscal para el financiamiento de los gastos de capital.
El informe presentado ayer no da detalles de la inversión física ni cuánto de los bonos soberanos colocados este año serán destinados a financiar obras públicas en 2015. Tampoco se sabe si el próximo año disminuirá o aumentará la inversión física, con relación a lo presupuestado para este año.
El Ministerio de Hacienda manejó con mucho hermetismo los datos de elaboración del plan de gastos del Estado, a pesar de que el presidente Horacio Cartes pregona la transparencia en la información pública.