En la nota presentada figura que el pedido es ante la falta de credibilidad de las empresas que conformaban el consorcio, así como de los profesionales que trabajaron en el contrato anulado anteriormente, además de la falta de garantías para la buena ejecución de los trabajos de restauración.
También solicitan a la DNCP impugnar el llamado y en consecuencia la apertura de un nuevo proceso cumpliendo los requisitos legales y técnicos.
La empresa ganadora de la actual adjudicación, formaba parte del consorcio separado de la obra por falsificación de documentos administrativos. Los representantes de la asociación cuestionan, sobre todo, la intervención realizada en la sacristía, que según expertos en restauración, no se respetó reglas básicas de trabajos en obras patrimoniales.
Desde el MOPC habían sostenido que la compañía ganadora de la licitación cumple con todos los requisitos establecidos, a pesar de haber integrado el consorcio suspendido, junto con la firma IBC, ya que es esta última la sancionada por su falla administrativa.
En cuanto al desmontaje de la sacristía afirman que fue necesario, tras detectar un inminente colapso de la estructura.