El documento, presentado por el titular saliente del ente Roque Orrego y por el comisionado Carlos Portillo, menciona principalmente la situación en que se encuentran las distintas penitenciarías del país.
Indica que la población en situación de encierro, que se estima fue beneficiada por las recomendaciones el MNP en el 2014 es de 12.380 personas.
Señala que el monitoreo a lugares de detención o internación constituye uno de los medios más eficaces para prevenir la tortura y malos tratos, se da a través de visitas regulares no anunciadas.
En ese sentido, se realizaron 97 visitas para evaluar condiciones de vida y vigencia de los derechos humanos de las personas afectadas en su libertad en 8 departamentos.
De acuerdo a los datos presentados en el informe, en el caso de la penitenciaría de Emboscada, la misma está habilitada para 315 presos, pero para enero de este año, había 1.181 internos.
Esta situación se repite en todas las cárceles.
La penitenciaría de Pedro Juan Caballero, se destaca por tener la mayor cantidad de población indígena, mientras que el de Concepción, un 30% sufre de la falta de información sobre su caso.
En el informe, el MNP lamenta el recorte presupuestario que sufrieron y la burocracia de otras instituciones.
