EFE
La SIP denunció que el Gobierno de Ecuador “quiere imponer qué es noticia e información de interés público y cómo deben publicarse los hechos”, lo que representa una “clara intromisión en los contenidos y la libertad editorial que debe tener la prensa para existir en una democracia”.
El diario La Hora se acogió a su derecho constitucional a la resistencia para no pagar una multa de 3.540 dólares que le impuso el ente fiscalizador de la Ley Orgánica de Comunicación, la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), por no cubrir y difundir el balance de la gestión del alcalde de Loja el pasado 23 de febrero.
El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, resaltó que esta sanción corrobora que la Ley es un “arma que utiliza el Gobierno para entrometerse en los contenidos y burlar los criterios editoriales de los medios”.
En opinión de Mohme, el Gobierno ecuatoriano “demuestra una vez más cómo usa las regulaciones a su favor, como un mecanismo para controlar la conversación pública”.
Por su parte, Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP atacó al Gobierno ecuatoriano por utilizar las “instancias intervencionistas” de la comunicación, a través de la cuales, dijo, “llega al colmo de definir qué es información de interés público, dónde y cuándo deben ser publicadas, y cuál es el lenguaje que los medios deben usar” para publicar las réplicas oficiales que demanda el Gobierno.
