“Nos estamos pronunciando en contra de las medidas que está implementando por las recomendaciones del FMI, porque lo que están produciendo es una mayor precarización en las condiciones de vida de los trabajadores”, dijo a Efe Sonia Viñerta, portavoz de la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT).
La población en general debe “darle al Gobierno un mensaje contundente de que no estamos de acuerdo y que hay que buscar otras salidas”, dijo Viñerta junto a unos 100 sindicalistas que llegaron a la Plaza al Divino Salvador del Mundo en San Salvador.
Por su parte, Alberto Monge, secretario de organización del UNT, aseguró que los manifestantes son “la gente que ya está cansada” y que “en un principio mostraba indiferencia ante las medidas porque creían que no les iban a afectar y de la indiferencia pasó a la indignación”.
El sindicalista comentó a Efe que “en ningún momento se está consultando a los trabajadores sobre las medidas que el FMI dicta y esto hace que sean medidas en contra de la gente”.
“Mientras siguen creciendo el endeudamiento, las tasas de elusión y evasión fiscal siguen sin ser atacadas en nuestro país y esto impide que entre al Estado unos 3.000 millones de dólares”, agregó.
Expuso que los recortes implican un “retroceso” al incremento al salario mínimo implementado desde enero pasado y que situó el sueldo base entre los 200 y 300 dólares mensuales, dependiendo de la actividad económica.
“Ese aumento, que se fue diluyendo con la especulación (en los precios de la canasta básica), con la anulación a los subsidios ha desaparecido” y los recortes “en lugar de fomentar que la gente salga de la pobreza y vaya avanzando a una clase media, lo que viene a hacer es crear más pobreza”, concluyó.
El UNT reúne a sindicatos de la sanidad pública, maestros, del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu), cooperativistas y trabajadores de empresas de seguridad privada. A la protesta también se unieron empleados de la Corte Suprema de Justicia y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Los recortes iniciaron en septiembre del 2016 cuando el Gobierno canceló el subsidio a la energía para más de 140.000 hogares y del gas propano para más de 30.600, con lo que el Ejecutivo pretende ahorrar unos 15 millones de dólares al año.
A inicios de febrero anterior una delegación del Gobierno salvadoreño se reunió con representantes del FMI en Washington para estudiar la posibilidad de firmar un acuerdo precautorio que permita al país enderezar sus finanzas públicas, en crisis desde el 2015 cuando el país estuvo a punto de caer en un impago de su deuda a corto plazo.
En la cita el ente financiero exigió al país centroamericano un pacto entre partidos políticos sobre reformas fiscales para acceder a firmar al acuerdo precautorio, que beneficiaría al país en bajar el “costo de la deuda” en un 3 % a cambio de un “acuerdo mínimo del país”, según explicó el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres.
En 2016 el FMI aseguró en un análisis a la economía del país que “existe margen para una mayor racionalización de los subsidios al gas licuado de petróleo y a la electricidad”.