Sin manifestar los motivos, el legislador colorado Néstor Ferrer solicitó el aplazamiento, que obtuvo el apoyo mayoritario de sus colegas.
El documento había surgido en la Cámara Baja, pero en la Cámara de Senadores cambiaron la orientación del proyecto, lo que impediría la utilización directa de los recursos financieros para las refacciones de las instituciones educativas.
El proyecto original plantea flexibilizar las contrataciones para la reparación de escuelas.
Los diputados, principalmente los colorados, desde un principio expresaron que se ratificarían en su postura inicial, pero hasta la fecha, a pesar de contar con la mayoría necesaria de legisladores para ratificarse, deciden seguir postergando el estudio de la citada normativa.
El primer tratamiento del proyecto se dio en junio y aunque se trata de una emergencia, no concluye su estudio.
La declaración de emergencia por un lapso de dos años se decidió tras la revuelta estudiantil, que le costó el cargo a la entonces ministra de Educación, Marta Lafuente.
