No cabe duda de la necesidad de generar las instancias públicas necesarias para lograr este objetivo debido a la complejidad que asume la problemática de la pobreza en el Paraguay.
La disminución de la pobreza no es un objetivo fácil de abordar, teniendo en cuenta sus múltiples causas y las formas en que se manifiesta.
En Paraguay, sus causas estructurales se ubican en la desnutrición infantil que determina las capacidades intelectuales presentes y futuras, la temprana deserción escolar y paralela inserción laboral, ya desde la infancia y adolescencia.
Otras causas tienen que ver con las competencias educativas poco pertinentes para enfrentar un mercado laboral cada vez más competitivo y cambiante; la falta de acceso a servicios de salud, que obliga a la familia a destinar sus pocos activos a cubrir los gastos que se derivan de una enfermedad, o la ausencia de jubilación que convierte en pobres a los adultos mayores que dejan de trabajar.
En materia económica, la escasa cobertura del sistema financiero y la mala calidad de los servicios de intermediación laboral y de acceso a mercados impiden que los emprendedores, o quienes buscan trabajo en relación de dependencia, cuenten con los medios necesarios para lograr su inserción económica en condiciones de productividad y competitividad.
En el sector rural, y particularmente en los departamentos de Concepción y San Pedro, son determinantes el acceso a la tierra y el factor medioambiental, ambos en constante debate y conflicto, debido principalmente al incumplimiento de las normas vigentes.
En este sentido, adquieren relevancia no solo el cumplimiento de las leyes ambientales y las relacionadas con el acceso a la tierra, sino también las laborales. El respeto al salario mínimo y al acceso a la seguridad social cuando correspondan debe ser irrestricto, ya que ambos son determinantes en la lucha contra la pobreza.
Como se puede ver, múltiples instituciones tienen competencia en las causas de la pobreza en Paraguay: MAG, MIC, MJT, Indert, Indi, CAH, SAS, SNNA, Seam e IPS, entre otros. Ello requiere políticas integrales y coordinadas que deben ser gerenciadas con una clara orientación a la consecución de resultados: reducir no solo la pobreza de ingresos, sino también mejorar los demás indicadores que garantizan el bienestar de la población: salud, educación, vivienda, transporte, seguridad social.
Esto exige no únicamente la creación de una coordinadora, sino también de un mecanismo eficiente de gerenciamiento de actividades y de sus resultados.
Asimismo, requiere de un completo compromiso de las altas autoridades, poniendo los objetivos de las mismas por encima de sus agendas personales e institucionales, cuestión no sencilla en un sector público poco institucionalizado y sin una carrera del servicio civil fortalecida.