El viceministro explicó que los dueños del ingenio incumplieron los pagos acordados en el contrato de fideicomiso, por lo que se debe pasar a la liquidación del patrimonio autónomo. El primer paso es la tasación.
En ese sentido, aclaró que el dinero que se obtenga de la subasta será solo para pagar a los acreedores que firmaron el contrato.
Sin embargo, se mostró esperanzado de que al reactivarse la fábrica se generen recursos para cumplir con los demás acreedores.
Stark estima que al entrar en pleno funcionamiento la fábrica el Estado podrá recuperar el dinero que eventualmente llegue a utilizar para pagar a los cañicultores.
Para concretar el auxilio a los productores, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley.