20 abr. 2024

“Si llegamos a fallecer, es culpa de la Fiscalía y de nuestros juzgados”

Los cuatro reclusos de Tacumbú que están en huelga pudieron dar su versión ante los medios. Clamaron por la revisión de sus medidas. Dejaron constancia de sus reclamos en un acta.

Con un acta firmada por los cuatro protagonistas, los internos del penal de Tacumbú que están en huelga de hambre hicieron responsables al Poder Judicial y a la Fiscalía de su situación.

Ayer, luego de 17 días de haber presentado este diario la nota de permiso para entrevistarlos, el Ministerio de Justicia accedió a la petición y los cuatro internos pudieron contar su versión.

Un equipo de ÚH llegó hasta el pabellón donde se encuentra la Sanidad del penal, que alberga a Arnaldo David Genes, Fermín Villalba, Eladio Aquino y Julián Villar.

Allí, en camas individuales y junto a otros enfermos, están los huelguistas, con el aspecto desmejorado por la falta de alimentos.

"¿Cuál es el trabajo tan pesado que les ocupa todo el tiempo y no pueden revisar el caso de cuatro seres vivientes?”, preguntan a los ministros de la Corte.

“No dejen morir a estos huelguistas”, decía Arnaldo David Genes (38), uno de los cuatro que decidieron coserse la boca y realizar la huelga de hambre en reclamo de la revisión de sus casos.

Genes hace 72 días que está sin probar alimento y ya perdió 24 kilos. Está condenado a 10 años de cárcel por un hecho de robo agravado que él asegura que no cometió. Genes sostiene que hubo muchas irregularidades en su proceso y que la supuesta desidia judicial lo llevó a tomar esta medida extrema. “Me suspendieron 16 veces la audiencia preliminar y seis veces el juicio oral, para luego condenarme. Estuve deambulando por Emboscada, Misiones y ahora en Tacumbú”, dice pronunciando las palabras con dificultad, debido a los alambres que atraviesan sus labios a modo de costura. En su cabeza lleva una pañoleta con la inscripción: “Libertad o muerte”.

Actualmente, el caso de Genes se encuentra en la Cámara de Apelaciones, luego del recurso presentado por el defensor público que lo asiste. Hasta el momento, no se pronunció la Cámara.

NO CONFÍA. En una esquina, mientras en la sala se confundían las voces de un ejército de funcionarios de la Defensoría Pública, que casualmente estaban visitando a los internos momentos antes de la llegada del equipo de ÚH, estaba acostado Julián Villar (54), que lleva 74 días en huelga. Está procesado por un hecho de robo agravado, cuyo juicio oral todavía se encuentra pendiente.

Villar asegura que su suerte está echada y no cree que pueda avanzar su caso, porque –según él– en la Justicia todo se mueve con dinero. “Nosotros sabemos que vamos a morir, porque no tenemos dinero para darles a ellos”, declara el interno, convencido de que la Justicia está prostituida.


Cuatro años en prisión, sin condena
Fermín Bobadilla (35) es el más joven de los huelguistas. Ingresó al sistema penitenciario en el 2014 por un caso de robo agravado. Se lo involucra en un asalto. Según su defensora pública, hay elementos que prueban su inocencia, ya que en el momento del asalto estaba con muletas y no es él quien aparece en el circuito cerrado que utilizó la Fiscalía para inculparlo. Sin embargo, el juicio oral se viene suspendiendo por diferentes motivos; mientras, ya pasó cuatro años en prisión preventiva. Es el que lleva menos tiempo en huelga, con 32 días.
También se encuentra Eladio Aquino, que ayer cumplió un mes con la medida de fuerza.

Más contenido de esta sección
Las ventas al público en los comercios pyme de Argentina cayeron un 25,5% interanual en febrero pasado, golpeadas por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores a causa de la elevadísima inflación, y acumulan un declive del 27% en el primer bimestre del año, según un informe sectorial difundido este domingo.
El mandatario decidió crear el fondo nacional de alimentación escolar esperando un apoyo total, pues quién se animaría a rechazar un plato de comida para el 100% de los niños escolarizados en el país durante todo el año.
Un gran alivio produjo en los usuarios la noticia de la rescisión del contrato con la empresa Parxin y que inmediatamente se iniciaría el proceso de término de la concesión del estacionamiento tarifado en la ciudad de Asunción. La suspensión no debe ser un elemento de distracción, que nos lleve a olvidar la vergonzosa improvisación con la que se administra la capital; así como tampoco el hecho de que la administración municipal carece de un plan para resolver el tránsito y para dar alternativas de movilidad para la ciudadanía.
Sin educación no habrá un Paraguay con desarrollo, bienestar e igualdad. Por esto, cuando se reclama y exige transparencia absoluta en la gestión de los recursos para la educación, como es el caso de los fondos que provienen de la compensación por la cesión de energía de Itaipú, se trata de una legítima preocupación. Después de más de una década los resultados de la administración del Fonacide son negativos, así como también resalta en esta línea la falta de confianza de la ciudadanía respecto a la gestión de los millonarios recursos.
En el Paraguay, pareciera que los tribunales de sentencia tienen prohibido absolver a los acusados, por lo menos en algunos casos mediáticos. Y, si acaso algunos jueces tienen la osadía de hacerlo, la misma Corte Suprema los manda al frezzer, sacándolos de los juicios más sonados.
Con la impunidad de siempre, de toda la vida, el senador colorado en situación de retiro, Kalé Galaverna dijo el otro día: “Si los políticos no conseguimos cargos para familiares o amigos, somos considerados inútiles. En mi vida política, he conseguido unos cinco mil a seis mil cargos en el Estado...”. El político había justificado así la cuestión del nepotismo, el tema del momento.