“Si cualquier mujer está en peligro a causa de un embarazo, corresponde interrumpir el embarazo”, señaló el doctor Ricardo Oviedo, director del Hospital Materno Infantil de Trinidad. Sin embargo, añadió que este no es el caso de la niña de 10 años, debido a que se encuentra en buen estado de salud. El estado de gestación de cuatro meses y medio se confirmó esta semana tras un chequeo en el Hospital de Trinidad.
Una hemorragia masiva por un desprendimiento de placenta, cuando se rompe la bolsa y se presenta un cuadro infeccioso son los casos en los que se decide interrumpir el proceso de gestación en un centro médico. Tras el procedimiento, se procede a comunicar al Ministerio Público, explicó el doctor Oviedo.
Otros casos en los que se interrumpe el proceso son en aquellos embarazos ectópicos y malformaciones incompatibles con la vida extrauterina.
El proceso está garantizado en el artículo 109, numeral 4 de la Ley 1160/97 del Código Penal, modificado por la Ley 3440/08. “No obra antijurídicamente el que produjera indirectamente la muerte de un feto, si esto, según los conocimientos y las experiencias del arte médico, fuera necesario para proteger de un peligro serio la vida de la madre”.
La doctora Lilian Soto, por su parte, señaló que la situación de la niña amerita que tiene que ser preservado por una parte su derecho a tener voz en lo que va a suceder y su interés superior. “Es decir, su vida tiene que ser cuidada”. Todos los mecanismos de la sociedad deben intervenir para protección de la niña, destacó.
El Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), Católicas por el Derecho a Decidir y Kuña Pyrenda responsabilizan al Estado por el embarazo de la menor.
