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Política
jueves 10 de noviembre de 2016, 02:00

Servicio militar obligatorio genera roces en Diputados

Un encendido debate se generó ayer en la Cámara de Diputados, cuando los legisladores debían analizar el proyecto de ley sobre el servicio militar obligatorio (SMO), a iniciativa de la liberal María Carísimo.

Como titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Ramón Romero Roa (ANR), informó que el órgano asesor dictaminó por el rechazo, atendiendo la ya existencia de una ley que regula todo lo referente al SMO y su aplicación. Indicó que desde el punto de vista constitucional no se puede disponer la obligatoriedad para hacer el SMO por una ley específica.

Ante esta situación, Carísimo solicitó a sus colegas el aplazamiento por 30 días, para consensuar sobre el proyecto. Según la legisladora, el auge de los motochorros es debido a la falta del servicio militar y la aprobación de dicha normativa “ayudaría a la ciudadanía”.

Como mérito del servicio militar, dijo que los presidentes de la República estuvieron en el cuartel y que los jóvenes “aprenderán oficios y a leer y escribir”.

Las diputadas Olga Ferreira y Rocío Casco salieron al paso de su colega y pidieron que el documento se trate sin más aplazamientos. Expresaron que por cuestiones de derechos humanos el documento ni debería haberse presentado y que se trata de un proyecto de cumplimiento imposible.

Ferreira, bastante ofuscada por las expresiones de Carísimo, manifestó que el hecho de hacer el SMO no es sinónimo de honestidad. “Por qué vamos a tratarle a un joven que no hizo el servicio militar de delincuente”, se preguntó.

Casco, por su lado, sostuvo que los problemas que se tienen con la juventud no se van a resolver con plantear la obligatoriedad del servicio militar.

OFICIO. El proyecto menciona que el servicio militar en tiempos de paz será de 12 meses, que será utilizado para la realización del entrenamiento básico de combate y armamento, además de la capacitación técnica en una profesión u oficio de cada conscripto. La prestación tendrá una remuneración mensual equivalente a 13 jornales mínimos.

El estudio del documento finalmente fue aplazado por 30 días.