La denuncia que se presentó en el Ministerio Público en febrero e involucra a los funcionarios: Santiago Peña, Gustavo Riego, Claudia Centurión, Agustín Encina, Emiliano Fernández, Víctor Velázquez y Adalberto Meza, por “la utilización de documentos de contenido falso” para permitir que la española Sacyr siga en el proceso llevado adelante vía Alianza Público Privada (APP). Por ahora, la investigación preliminar avanza lentamente.
Cáceres denunció además que el presidente de la República, Horacio Cartes, está presionando para adjudicar “como sea” el cuestionado proyecto. En un comienzo, el titular del Ejecutivo dijo que estaba por abortar el llamado.
Vale señalar que el MOPC, cuyo titular es Ramón Jiménez Gaona, y la Dinac, presidida por Luis Aguirre, presentaron ante el Tribunal de Cuentas una acción de nulidad contra el dictamen de la Contraloría General de la República (CGR), que recomendó cancelar la cuestionada licitación.
La acción se presentó ante la Segunda Sala del Tribunal, integrada por Gregorio Ramón Rolando Ojeda (presidente), Arsenio Coronel Benítez (vicepresidente) y María Celeste Jara Talavera (vocal). Los magistrados deben definir el destino de la cuestionada APP.
Además el MOPC solicitó a la Organización Internacional de Aviación (OACI) que dé su postura respecto a la auditoría de la Contraloría, también con intenciones de forzar la adjudicación.
Mientras tanto, el constitucionalista Emilio Camacho y el ex contralor Octavio Augusto Airaldi coincidieron en que el Tribunal de Cuentas difícilmente podrá anular el dictamen del organismo contralor. El contralor, Enrique García, no se manifestó aún sobre el tema pese a insistencias.
