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jueves 10 de noviembre de 2016, 01:00

Sentencia fijada antes del juicio

En la causa judicial sobre la masacre de Curuguaty en Marina Cué con la prisión de los encausados, las tres huelgas de hambre de algunos de ellos, el estudio minucioso de cada una de las circunstancias para defenderlos, las intervenciones en los MCS para lograr que todos conocieran la causa como causa nacional, la asistencia a todas las sesiones del juicio etc… muchos pensábamos que luchando por la honestidad íbamos a conseguir un juicio justo.

Eso que muestra la estatua de la Justicia con los ojos vendados y una balanza sin inclinarse a un lado u otro.

Todo eso significaba: fe humana que la Justicia actuaría como tal.

Sin embargo, olvidábamos que en el Paraguay la llamada justicia se vende y se compra, favorece a los que tienen con detrimento de los que menos poseen, está manejada por la política y por grupos secretos que siempre ganan.

En pocas palabras: con muy buena intención y con un gran compañerismo hacia nuestros hermanos y compañeros campesinos acusados, tengo la sensación de que pecamos de ingenuos.

La sentencia contra los campesinos de Curuguaty en Marina Cué, ya estaba fijada antes del juicio, porque no era jurídica, sino política.

No pretendía hacer justicia sobre una masacre en la que murieron 17 compatriotas, sino que era una causa política en que había otros intereses que, poco o nada, tenían que ver con la Justicia y sí estaban comprometidos con intereses partidarios o de la clase sojera, ganadera, latifundista etc…

Esto con obras ya lo mostró el fiscal Jalil Rachid con sus irregularidades manifiestas (investigó solo la muerte de los policías y no de los campesinos, perdió pruebas e introdujo otras falsas etc...).

La sentencia ya estaba fijada antes del juicio. La fiscala Idalia Alcaraz la repitió y el Tribunal la firmó.

Jurídicamente, fue todo una gran farsa. Políticamente, cumplir un mandato del Gobierno.