Una mayoría en el Senado conformada por la disidencia y la oposición rechazaron un pedido de aumento presupuestario de G. 3.300 millones para el Consejo de la Magistratura, que ya tuvo el visto bueno de la Cámara Baja.
Esto se da tras la crisis por el caso del disidente colorado Enrique Bacchetta, quien no podrá asumir como representante ante el Consejo, luego de la sentencia dictaminada por el Tribunal de Cuentas.
Aunque el principal argumento para el rechazo fue el político, también se cuestionó que se pretende utilizar recursos del Fonacide para el pago de honorarios, contratos, pasajes y hasta viáticos.
El 15 de junio pasado, los disidentes, de la mano de varios opositores con los que se aliaron, hicieron un golpe al Ejecutivo, eligiendo una nueva mesa directiva, y además a Bacchetta ante el Consejo.
El candidato del presidente Horacio Cartes para dirigir las riendas del Congreso fue el liberal Ramón Gómez Verlangieri, y los disidentes pusieron en el cargo a otro senador del PLRA, Roberto Acevedo.
Los oficialistas presentaron una acción, luego de varias semanas contra la resolución del Senado de designar a Bacchetta, que al final les resultó favorable. La disidencia y sus aliados están barajando la posibilidad de llevar adelante una sesión extraordinaria para ratificar a Bacchetta como representante ante el Consejo.
Hasta ayer al menos todavía no se tenía una fecha probable ni tampoco están pudiendo asegurar los votos.
millonario monto. El 1 de setiembre pasado, fue remitido a la Cámara Alta este proyecto de ampliación por parte de Diputados, en donde le dieron la aprobación al pedido, a dos días de que el Ejecutivo haya remitido el mensaje.
Hoy iba a tener sanción automática, pero se decidió adelantar su tratamiento entre los primeros puntos del orden del día de la sesión del Senado y los oficialistas no pudieron evitar que sea rechazado.
Las comisiones de Hacienda y de Cuentas y Control dictaminaron en ese sentido. Ahora vuelve a Diputados.
Desirée Masi, titular de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, trajo a colación que ya se había rechazado anteriormente porque justamente pretendían usar montos de Fonacide para jornales, remuneraciones adicionales, honorarios profesionales, contratación de personal, pasajes y viáticos, mantenimiento, alquileres, servicios técnicos y profesionales, combustibles y lubricantes.
“Redistribuyen o pagan como parte de beneficios administrativos en forma disfrazada y se desconoce el registro del destino final”, cuestionó la legisladora.
Sostuvo que la objeción principal se daba por el hecho de que el Consejo tenía una baja ejecución presupuestaria.
“Siempre es la misma historia. No tienen o no ejecutan, no tienen plan de caja, pero lo cierto es que les sobra en lo que sería alquileres”, refirió.
Manifestó su preocupación personal de que se financie con aranceles educativos de la Escuela Judicial. “Alguna vez tiene que parar eso. La gente que va a la Escuela Judicial paga, y hay retraso en el sueldo de los profesores”, criticó. Juan Darío Monges pidió aprobar pero no alcanzaron los votos.