La liberal Emilia Alfaro de Franco se encargó de presentar los cambios, mientras que su colega Mirta Gusinky, quien responde al oficialismo, se manifestó en contra.
Entre las ventajas, Alfaro mencionó que la inscripción será en persona y automática, para evitar la burocracia, y que se reafirma la competencia de la Dirección de Pensiones No Contributivas del Ministerio de Hacienda.
Refirió que la mencionada ley constituye un importante hito en la implementación de las políticas sociales, y que se establece como un derecho.
Trajo a colación que la normativa se comenzó a implementar desde el 2010, y que para finales del 2012 existían 48.932 personas beneficiarias, mientras que a mediados de 2016 subió a 145.000.
“Aún existe una importante cantidad de personas que con todo derecho pueden acceder a esta prestación social y que por diversos motivos no lo hacen”, indicó Alfaro.
Mencionó que en el Paraguay hay cerca de 80.000 adultos mayores que se encuentran en situación de pobreza, carecen de seguridad social y no acceden a la pensión alimentaria.
Gusinky refutó los informes y mencionó varias objeciones, hasta que finalmente se decidió postergar el proyecto.