De acuerdo con lo aprobado, la Cámara Alta contratará una consultoría externa especializada para que realice el estudio en un plazo no mayor a 90 días.
Este proyecto de resolución fue presentado por la senadora colorada Blanca Ovelar y de esta forma el pleno respalda las acciones tomadas por su titular, Blas Llano, quien recortó las gratificaciones anuales que perciben los funcionarios. Se pide la profundización de las medidas en un plan de racionalización de los recursos de la institución, que implicará la eliminación de las 4 gratificaciones anuales y la expulsión de personas que no cumplan con una función específica y perciben salarios exorbitantes.
“Nadie puede estar en contra de una iniciativa que apunte a corregir defectos y, sobre todo, privilegios irritantes de cara a una ciudadanía que reclama austeridad y criterios de mayor equidad y justicia”, señaló Ovelar.
Los términos de referencia del estudio tendrán que ser aprobados en el pleno y se conformará una comisión con representantes de las diferentes bancadas que harán monitoreo a la ejecución del estudio por parte de la empresa a ser contratada.
El senador del Unace, José Bóbeda, cuestionó la contratación de una consultora. “Mávapa la outa pio” (Quiénes son los que vendrán), consultó y propuso un artículo que establece que cada senador presente la lista de funcionarios a su cargo. Este punto quedó como un quinto artículo de la resolución.
Los funcionarios seguían de cerca el largo debate y varios senadores señalaron que los recortes de las gratificaciones deben hacerse recién el año que viene y no como plantea Llano, quien anunció que ya no se pagarán los dos que restan de este año.
Hugo Richer, del Frente Guasu, señaló que la situación actual es el resultado de un “sistema prebendario y clientelista”. “Se les expone a los funcionarios como diciendo que ellos son los que roban a la nación”, señaló y pidió que se ejecute el presupuesto programado para este año y que se apliquen los recortes en el 2015. Avanza País también tiene la misma posición.
