Carlos Amarilla reiteró que se opone al juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia: Sindulfo Blanco, Óscar Bajac y César Garay Zuccolillo, quienes fueron acusados por mal desempeño en sus funciones por la Cámara de Diputados.
“Estoy en contra de dar la sentencia a los ministros porque este no es el procedimiento correcto para pensar en la renovación de la Justicia. En nombre de esta loable causa, simplemente, se esconde la intención de, una vez más, parcelar y lotear el Poder Judicial”, dijo a radio Monumental 1080 AM.
La Cámara de Senadores debe juzgar a los ministros enjuiciados en Diputados y se necesita de 30 votos para remover de sus cargos a los tres magistrados del organismo judicial. Hasta el momento, solo se tienen 27 votos asegurados.
Para Amarilla, lo que daña radical y negativamente a la Justicia es el cuoteo partidario y la digitación para los máximos exponentes del Poder Judicial.
Refirió que no ven una verdadera voluntad para apostar a un proceso de verdadero cambio y reestructuración de ese poder del Estado y, por esa razón, no acompaña este juicio político. Cree que se debe establecer un mecanismo de selección que sea auditable y garantizar la competencia entre los mejores.
López Perito denuncia compra de votos para juicio a ministros
El senador por Avanza País, Miguel Ángel López Perito, también aseguró estar en contra el juicio político. Si bien considera que los ministros de la Corte deben estar fuera de la Corte, cuestionó la forma del enjuiciamiento, que se basó en un libelo acusatorio sin argumentos, como el caso de la destitución de Fernando Lugo de la Presidencia.
Para el legislador, el procedimiento debe hacerse en el camino de la legalidad y no con la compra de votos que hubo en Diputados y que podría haber en el Senado, según versiones que surgieron en el Congreso. “Este procedimiento es una señal de una debilidad política extrema del Ejecutivo, que pretende poner una Corte a su medida”, expresó a Monumental.
El senador asegura que el proceso raya la violación de la Constitución Nacional, ya que no se debatió y no se sometió a un consenso.
