Cuestionó así la resolución aprobada el jueves por el pleno de la Cámara Baja, mediante una maniobra de los legisladores que no apoyan el juicio político, por la que se convoca a los ministros Víctor Núñez, Óscar Bajac, Sindulfo Blanco, César Garay y al titular del TSJE, Alberto Ramírez Zambonini, para presentar sus descargos durante casi todo diciembre.
López Perito explicó que la Cámara ni siquiera aprobó la acusación y ya les convocó a los altos magistrados a hacer su descargo. ¿Cómo los supuestos acusados van a hacer su descargo si no hay una causa abierta, un libelo acusatorio aprobado?, se preguntó.
“Aquí se instala un conflicto entre los dos poderes. No sabemos hacia dónde se encamina ni qué final puede tener”, reflexionó.
López Perito hizo otra interpretación de la situación y señaló que la maniobra también se puede entender desde el punto de vista de que la Cámara de Diputados no quiere resolver el juicio político este año. Entonces, todo lo que hace sirve para postergar la decisión.
“Es una maniobra, artimaña y picardía que pretenden aparentemente ‘chutar’ el juicio político para que más adelante se vuelva a tocar. En vez de hablar claro, generar un debate serio y medidas jurídicamente válidas sobre el tema, se hace este tipo de maniobras para instalar una confusión”, afirmó.
El solo hecho de convocar a los ministros para hacer su descargo, sin que la Cámara se expida sobre el libelo acusatorio, deja entrever que se quiere dilatar el juicio político hasta pasarlo para el año que viene, comentó.
Recordó que el sistema constitucional para el juicio político es que la Cámara de Diputados actúa como órgano acusador y el Senado como tribunal de sentencia.
El legislador por la concertación Avanza País cuestionó la falta de seriedad en los procedimientos para el juicio, lo que solamente producirá una crisis y no una solución.
ANTICONSTITUCIONAL. Por su parte, el diputado colorado Ramón Romero Roa explicó que la convocatoria para el descargo de los ministros riñe con la Constitución.
Agregó que la iniciativa fue del diputado Óscar Tuma.
Para Romero, esta iniciativa más bien fue una “argucia política”, porque “como procedimiento institucional, roza lo ridículo, porque una resolución de la Cámara de Diputados no puede estar por encima de lo que establece la Constitución”.
“Convocar para descargo a los ministros de la Corte es competencia del tribunal; en este caso, hablamos del Senado. Cuando Diputados analice la acusación, y si esta es aprobada por 53 votos, de 80, allí se inicia el proceso de juicio político. A partir de allí todo se traslada al Senado, que es la cámara juzgadora”, señaló.
