Los senadores enmendaron el error de la votación en el primer tratamiento del documento, cuandp quedó sancionado con un supuesto resultado de 20 a 18 a favor. Sin embargo, por medio de filmaciones se confirmó que la votación quedó empatada en 20 votos.
Tras varios días de polémica, se realizó este martes una sesión extraordinaria en la que se corrigió el acta de la sesión anterior para dejar constancia del verdadero resultado.
Posteriormente, la mesa directiva y los líderes de bancada se reunieron para determinar los pasos a seguir con el criticado proyecto de ley. Se dispuso que el texto sea incluido en la sesión ordinaria de este jueves para que sea tratado nuevamente.
Fueron los senadores Enrique Bacchetta y Eduardo Petta quienes confirmaron que el documento será tratado como tercer punto del orden del día.
Explicó que, en caso de lograr las modificaciones al proyecto de ley que busca ampliar la concesión de la ruta 7 al consorcio Tape Porã, este volverá nuevamente a la Cámara de Diputados para una segunda vuelta.
Pero si no se logran los votos para la modificación, quedará sancionado automáticamente y pasará a manos del Poder Ejecutivo. “Se trata de salvaguardar el honor del Senado”, expresó Bacchetta con relación a las críticas sobre la forma en que se sancionó el mencionado proyecto.
Durante el primer tratamiento se vivió un ambiente caldeado, con un debate que se extendió por espacio de tres horas.
Entre los argumentos para el rechazo estuvieron –además de la inconstitucionalidad–, la violación de otras leyes y denuncias de una serie de irregularidades detectadas por la propia Contraloría en relación a la empresa.
Varios legisladores hablaron sobre la inconstitucionalidad del proyecto sancionado, entre ellos: Desirée Masi, Miguel López Perito, Esperanza Martínez, Silvio Ovelar y Eduardo Petta. Para el liberal Miguel Abdón Saguier, sus colegas pisotean las normas al llamar a una sesión para revocar una decisión ya tomada.
Fueron los senadores oficialistas y oviedistas, con el apoyo de los liberales, los que apoyaron el proyecto de ley que amplía el plazo de la concesión de la ruta 7 a Tape Porã hasta el 2053.
Esta propuesta, que fue presentada y aprobada en Diputados, permite la renovación por otros treinta años más, a partir del 2023, de la concesión y mantenimiento de un tramo de 113 kilómetros de la ruta 7. Es decir, se adelantaron 7 años para renovar la concesión a la empresa.
Tape Porã se compromete a invertir USD 130 millones para duplicar (a 4 carriles) 113 km de la ruta 7, entre el km 183 de Caaguazú hasta el km 296 de Minga Guazú.
Según habían informado los directivos, la empresa recauda G. 80.000 millones al año en los dos peajes de la ruta 7.
ILEGALIDAD. El presidente del Congreso, Mario Abdo Benítez, cuestionó la aprobación del proyecto de ley que amplía por 30 años la concesión de la ruta 7 a Tape Porã. Al respecto dijo que con el documento se viola la Constitución Nacional.
Hizo hincapié en la Ley 1618 que habla sobre las concesiones y en cuyo artículo 10 se menciona quiénes son las personas que no pueden postularse a las licitaciones. Entre ellos se señala a autoridades y funcionarios del Estado y los parientes de los mismos.
Esa mención fue realizada atendiendo a que el padre del ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, es uno de los accionistas del consorcio Tape Porã.
“Para dar soluciones rápidas no podemos violar la Constitución Nacional, espero que se entienda y se comprenda”, afirmó el senador Mario Abdo Benítez. El mismo dijo que el titular de la cartera de Obras debe apartarse del cargo si la normativa queda promulgada.
