Una mayoría de senadores de la disidencia y sus aliados, sumados a los liberales, consiguieron ayer rechazar el veto del Ejecutivo y ratificarse a favor del proyecto de ley que establece el Estatuto del Funcionario del Poder Legislativo.
El principal objetivo de esta propuesta es que los funcionarios que trabajan en el Parlamento ya no se rijan por la Ley de la Función Pública.
Fue el senador liberal Fernando Silva Facetti quien pidió el tratamiento para la próxima semana, pero hubo mayoría para finiquitarlo ayer.
Ahora queda en manos de los diputados, quienes tendrán la última palabra. En la Cámara Alta los oficialistas no acompañaron el rechazo al veto.
En el caso que en la Cámara Baja una mayoría apruebe el veto, esta ley quedará sin efecto, ya que la técnica legislativa establece que ambas cámaras tienen que coincidir.
Tal es así que para que la ley entre en vigencia los diputados también necesariamente tienen que rechazar el veto.
Silva Facetti explicó a grandes rasgos la importancia de esta propuesta, mencionado que contenía 30 artículos en torno a procedimientos, y que supuestamente no incluía beneficios adicionales. Sugirió a sus colegas rechazar el veto.
Carlos Filizzola, del Frente Guasu, trajo a colación que desde periodos anteriores se viene trabajando sobre la mencionada ley y que participó mucha gente.
A su criterio, el presidente de la República, Horacio Cartes, vetó de manera irracional. Se llevó a votación y hubo una mayoría de 26 contra el veto.
Esto se da a prácticamente una semana que el mandatario haya objetado esta ley.
cuestionamientos. Con este proyecto el Congreso apunta a establecer una norma propia que regule el sistema de ingreso, ascenso, promoción remoción y demás derechos y obligaciones de sus funcionarios. En la Cámara Baja habían considerado que los funcionarios legislativos deben contar con un marco legal diferenciado por las labores que cumplen los mismos.
Ante estos argumentos, el Ejecutivo se limitó a señalar que las reglas de protección de los trabajadores y la relación laboral de los funcionarios públicos están suficientemente reguladas por leyes generales como la Ley de la Función Pública y el Código del Trabajo.
Se alega además que los funcionarios legislativos no precisan de otro tratamiento porque no observan diferencias sustanciales en la modalidad de prestación de servicios de ese poder del Estado que ameriten la vigencia de una ley especial.
Cabe recordar que ya se intentó en un periodo presidencial anterior una normativa similar y en esa ocasión también había sido vetada.
