La Cámara de Senadores remitió a la Contraloría General de la República (CGR) y al Ministerio Público un pedido de auditoría e investigación sobre la violación del Decreto presidencial 1056/13, y la sobrefacturación de productos agropecuarios para el almuerzo escolar, implementado en la Gobernación de Paraguarí, en el marco de la nueva modalidad de compra directa a pequeños agricultores.
La solicitud se realizó mediante una resolución aprobada ayer en la Cámara Alta, y que estuvo promovida por los senadores Juan Darío Monges y Pedro Arturo Santa Cruz.
Las publicaciones de este diario constataron que se violentaron varios artículos del citado decreto y se beneficiaron a intermediarios antes que a los productores, en detrimento del citado decreto. Así también, según un análisis técnico presentado en la sesión, no se han respetado los precios de referencia establecidos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), generando un sobreprecio de los productos en un promedio del 392%, equivalente a una supuesta sobrefacturación de G. 2.733 millones, hecho que motivó el pedido de investigación de parte de los legisladores (ver info).
El procedimiento de la compra directa a pequeños productores fue adoptado por el Gobierno como parte de su estrategia de lucha contra la pobreza. En la ejecución del proyecto se presupuestó USD 4 millones para el 2014, cifra que sería duplicada el próximo año, debido al “éxito del plan”, según viene sosteniendo públicamente el ministro asesor contra la pobreza, Juan Carlos Baruja.
Criticados. Los principales blancos de las críticas fueron precisamente Juan Carlos Baruja, asesor de lucha contra la pobreza, y el gobernador de Paraguarí, Miguel Cuevas, administrador de los fondos destinados para la compra simplificada y provenientes del Tesoro y de Fonacide.
“Ellos dos saben muy bien cómo funciona esto. Baruja y el gobernador Miguel Cuevas, a quienes vemos haciendo gala de sus visitas a la finca de un productor de tomate que a lo sumo cosecha locote y siendo generosos lechuga, pero él vendió 23 productos que no tiene, y compró de otros lugares pudiendo haberse comprado de otros agricultores también”, indicó Monges al hacer referencia a la fotografía que figura al pie de este artículo y que ya fuera publicada en la serie de investigaciones de este diario, donde se reveló que el “productor” beneficiado es operador político del asesor del presidente Cartes. “Podemos decir que lo que hacía Baruja y lo que hacía Cuevas es beneficiar a los operadores políticos”, remarcó.
Por su parte, la senadora Desirée Masi manifestó que una vez más se armó una rosca de intermediarios vinculados a políticos. “Lastimosamente uno no puede dar un voto de confianza en un tema tan sensible como este. Hay que ser ratas para andar robando o malversando o teniendo irregularidades en un presupuesto que va para el almuerzo de los niños y las niñas mas pobres”, subrayó la legisladora opositora.
