El objeto de la ley es establecer una regulación jurídica para la protección de niños, niñas y adolescentes de aquellos contenidos inapropiados para ellos, que son difundidos por internet en lugares de acceso público.
Para ello se deberán establecer parámetros técnicos para adecuar los filtros de protección en los navegadores y los programas de intercambio o de programas especiales para bloquear el acceso a sitios nocivos.
Estos parámetros serán establecidos por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), y la fiscalización y el control del cumplimiento serán efectuados por la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni) del Municipio en cuyo territorio hayan sido habilitados los establecimientos.
El senador Armando Giuzzio defendió la ley señalando la facilidad para acceder a sitios inapropiados.
Por su parte, Adolfo Ferreiro señaló que la aplicación de la ley será “casi instaurar un sistema policiaco”.
Criticó la reforma hecha y habló de contradicciones profundas con lo que es el sentido de la libertad y la calificó “peor que la proscripción que hacía la dictadura”.