Los legisladores críticos al proyecto advirtieron sobre una posible violación del artículo 109 de la Constitución Nacional.
“El Poder Ejecutivo manejará por decreto las expropiaciones y la Constitución dice que deben ser hechas por ley, caso por caso. El Congreso estaría cediendo sus atribuciones”, afirmó el senador liberal Miguel Abdón Saguier.
Según el proyecto de ley, el Ministerio de Obras Públicas -unilateralmente- decidirá cómo será la indemnización al poblador afectado, refirió por su parte Desirée Masi.
“Está bien que se invoque el interés general para expropiar un terreno, pero con la excusa del interés general no se pueden violar las garantías constitucionales”, reforzó el senador Adolfo Ferreiro.
En el mismo sentido se manifestó Esperanza Martínez, quien insistió en que el afectado no podrá defenderse de los criterios impuestos por el MOPC.
Por su parte, el senador colorado Luis Castiglioni refutó las críticas y dijo que en ningún momento se viola la Constitución, porque el afectado podrá recurrir a la Justicia si cree que sus derechos son violados. El proyecto contempla una lista de más de 80 obras (ver info), cuyas franjas de dominios deben ser expropiadas a favor del Estado. También incluye terrenos afectados por la construcción del puerto de Pilar, del metrobús, nuevos puentes con Argentina y Brasil, y obras de alcantarillado sanitario. El proyecto vuelve a Diputados, que ya había dado su visto bueno.