El Poder Ejecutivo había planteado un monto global de G. 62,2 billones (USD 13.234 millones), con un déficit fiscal de G. 2,4 billones (USD 510,6 millones), lo cual representa el tope del saldo negativo del 1,5% del PIB, establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Pero la Cámara de Diputados incrementó el monto en G. 749.000 millones (USD 159,3 millones), con lo cual elevó el déficit fiscal al 2% del PIB.
Además, aprobó una serie de modificaciones que podrían hacer inmanejable el plan de gastos del Estado, como la autonomía presupuestaria otorgada para los gobiernos departamentales y las universidades nacionales.
Asimismo, aprobó varias reprogramaciones que afectarán la ejecución de obras encaradas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), por G. 102.000 millones, que pasarán a ser administradas por las gobernaciones; G. 110.000 millones de fondos del Fonacide, que también pasarán a ser administrados por los gobernadores; e incrementó en G. 102.000 millones el monto destinado a merienda y almuerzo escolar, sacando dinero del Ministerio de Hacienda.
