Marta Ferrara, directora de la entidad, cuestionó duramente los cambios que pretendió incluir la Cámara de Diputados a la Ley de Financiamiento Político.
Había afirmado que la normativa pasó a ser un “mamotreto”, ya que sin la Contraloría y la Secretaría de Prevención y Lavado de Dinero (Seprelad) para que actúen de oficio si se detectan irregularidades, el proyecto quedaría amputado. “Abrieron las puertas para que cualquiera pueda financiar una campaña. Esto es el fin de la clase política. Es legalizar la desigualdad ante la ley. Es abrir las puertas a que nadie te pueda controlar”, afirmó.
Nulo control. Para Ferrara, lo más grave es que buscan eliminar los controles. “Es una doble barbarie lo que hicieron”, manifestó a los medios una vez conocidos los cambios que hicieron los diputados con la ley, pero que luego quedó en foja cero, debido a las críticas ciudadanas que surgieron cuando intentaron aumentar diez veces el tope monetario de los aportantes.
“Parece que ni siquiera quieren emitir factura para justificar los gastos”, denunció.
