El entierro de Marcos, responsable durante sus más de dos décadas de mandato de la muerte, tortura y detención ilegal de 100.000 filipinos, tuvo lugar el viernes en medio del secretismo oficial y protestas de las víctimas de su régimen.
El antiguo dictador fue sepultado en una ceremonia militar privada, que no se anunció públicamente hasta una hora antes de las exequias, a la que acudió parte de la familia Marcos y se impidió el paso a la prensa.
A primeras horas del sábado, una hilera de 50 autobuses y 40 vehículos privados arribaron al camposanto con, según los organizadores, unos 2.200 partidarios del exdictador procedentes de la provincia de Ilocos de Norte, donde hasta el sábado descansaba el cuerpo embalsamado de Marcos.
Los adeptos, entre fuertes medidas de seguridad, portaban a la entrada del cementerio pegatinas con el lema: “un país, un espíritu. Gracias jefe”.
“Estoy feliz por estar aquí con Marcos y haber logrado este reconocimiento por el que hemos luchado”, declaró al portal de noticias Rappler la voluntaria, Rey Bagasol.
Hace diez días, el Tribunal Supremo autorizó el entierro de Marcos en el Cementerio de los Héroes al desestimar las demandas de los opositores.
El secretismo y el carácter repentino del sepelio ha contribuido a la indignación de miles de filipinos, que se concentraron ayer en varios puntos del país con carteles para protestar contra el entierro de Marcos.
Decenas de figuras destacadas de la política filipina también mostraron su indignación por el entierro y la manera en la que se llevó a cabo, que consideran ilegal al no haberse cumplido el plazo estipulado de 15 días para considerar la decisión del Tribunal Supremo firme y final.
“Obviamente han desobedecido la ley, ya que la decisión no es final ni se puede ejecutar hasta 15 días después de la resolución”, afirmó en un comunicado la vicepresidenta de Filipinas, Leni Robredo.
La vicepresidenta también se mostró “perturbada” por el hecho de que el entierro sucediera “en coordinación con las Fuerza Armadas de Filipinas y la Policía Nacional, que demuestran que el proceso judicial ha sido totalmente ignorado”.
“Marcos era un ladrón, un asesino y un dictador”, aseveró Robredo, quien pertenece a un partido político distinto al presidente del país, Rodrigo Duterte, que apoyó durante la campaña electoral el traslado del cuerpo del exdictador.
Marcos fue depuesto en febrero de 1986 tras una protesta pacífica después de haber gobernado Filipinas con puño de hierro durante más de dos décadas, y murió durante su exilio en Hawai tres años después.
Desde que el cadáver de Marcos volviera a Filipinas en 1993, la familia del exdictador ha pedido su sepultura en el Cementerio de los Héroes, en el sur de Manila, pero hasta ahora habían sido ignorados por los mandatarios filipinos.
Sin embargo, Rodrigo Duterte, dio su bendición al sepelio hace tres meses, pero fue demorado hasta escuchar la decisión de los jueces.
