ENCARNACIÓN
Una gran cantidad de personas acuden frente a la vivienda de Elva Fornerón, antigua dirigente social de afectados por la represa de Yacyretá. Mujeres y hombres, muchos de ellos de edad avanzada, otros son jóvenes, se encuentran reunidos aguardando ingresar.
El hecho se registra en el barrio San Isidro, a la entrada de la Etapa 8. Se pudo observar el paso de billetes de G. 100.000 a una mujer que hace de cajera detrás de una computadora, y de vuelto les entrega G. 20.000 a las personas que forman fila.
Vimos gente de distintos barrios, San Pedro, Mboi Caé, Barril Paso, Santa Rosa, y de distritos vecinos, pero nadie quiere responder a nuestras consultas. Sin embargo, sin grabadora comienzan a contar, la promesa de mil dólares como mínimo de un juicio que se ventila contra la EBY en Buenos Aires, previo descuento del 20% de lo que cobre va para el abogado y otro 10% para Elba Fornerón. Nos cuentan sobre la existencia de una escribanía en el barrio Villa Cristina, en donde se firman pagarés y poderes en beneficio de la nombrada.
Fornerón nos recibió y se presentó como dirigente de afectados y que es reconocida por asamblea binacional de la ciudad de Posadas. Asegura que existe un juicio de afectados contra la binacional y es este resultado que se encuentran aguardando para poder cobrar las indemnizaciones correspondientes en miles de dólares.
“Represento a 15.000 afectados de Itapúa y tengo el poder de ellos firmado de puño y letra, ninguno de ellos fueron atendidos de la forma que debería ser y todos ellos han sido estafados”, aseguró.
Negó que se les haga firmar un pagaré o se les embargue título de propiedad, aunque reconoció que el dinero que habíamos visto que desembolsan es destinado a gastos administrativos. Agregó que no existe un monto de lo que asegura cobrarán los afectados, pero afirma que será superior a los 200.000 dólares.
El único juicio que existió ha sido un caso actualmente cerrado, el de Machado, Juana Catalina y otros contra la EBY sobre demanda de expropiación inversa, del 2007, donde se deja sin efecto la sentencia apelada.
Mientras tanto la EBY reitera por los medios de comunicación haber completado el gran pacto social. La atención a los diversos grupos sociales reclamantes demandó una inversión de G. 38.031.000.000 guaraníes para 7.598 familias.
