“La CSC, una parte del Congreso Democrático del Pueblo, jubilados, docentes y obreros, están llamados a hacer sentir su voz de rechazo ante esta política del actual Gobierno, porque se trata de evitar que los recursos pertenecientes al aseguramiento de la jubilación sean mal utilizados”, refirió.
A su criterio, existen unos USD 500 millones de deuda del Estado con la previsional, además de los créditos vía el Banco Nacional de Fomento (BNF) que se habían dado a los sojeros y transportistas, pasivo que nunca se honró, según recordó Ojeda. En cuanto a los inmuebles del IPS, el sindicalista refirió que la entidad no brindó un informe oficial, pero que se estipula existen unas 2.000 propiedades, con una valuación económica altísima.
Por otra parte, también ya existe denuncia presentada a la Fiscalía por el Frente Social y Sindical, que ataca la operación financiera ejercida por el IPS, cuando prestó G. 300.000 millones a la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), mediante compra de bonos, ya que, según argumentan sus líderes, el artículo 27 de la Carta Orgánica de la previsional determina que el ente no concederá préstamos al Estado ni a entes descentralizados.
informe. La entidad había difundido a principios de agosto un informe en el que se contemplan todas las inversiones que realiza la entidad, a través de varios instrumentos financieros, uno de ellos constituido por los bonos.
En la argumentación que aparece dentro del documento, el IPS consigna que, teniendo como objetivo la canalización de los recursos al sector productivo privado y la diversificación de riesgos en las inversiones, el IPS desarrolló la modalidad de inversión en instrumentos financieros denominados bonos con garantía del Estado.
Menciona la entidad que la operación es realizada con dos entidades del sistema financiero: el BNF y la AFD, única banca de segundo piso aprobada por Ley Nº 2640/2005. Además, la cartera de bonos incluye los adquiridos de otras entidades financieras.
