20 abr. 2024

Se pone en marcha la mesa OEA-Nicaragua para analizar las elecciones

Washington, 21 oct (EFE).- La mesa de conversación entre la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de Nicaragua para analizar el proceso electoral del país centroamericano se puso en marcha hoy y se reunirá dos veces al mes, informó el organismo continental.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. EFE/Archivo

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. EFE/Archivo

La OEA, con sede en Washington, publicó hoy el acuerdo firmado entre el Gobierno de Nicaragua y la Secretaría General el pasado 15 de octubre, después de anunciar escuetamente el día 16 que iniciaba un diálogo con el país centroamericano para analizar los comicios.

En esa breve nota, la OEA indicó también que había entregado al Gobierno de Nicaragua un informe valorativo del secretario general, Luis Almagro, sobre el proceso electoral, un documento que no se ha hecho público ni reseñado su contenido.

El texto del acuerdo publicado hoy, de seis puntos, indica que el Gobierno de Nicaragua invitará a Almagro a que visite Managua para entrevistarse con las autoridades nacionales y los partidos políticos el 1 de diciembre de este año, casi un mes después de las elecciones del 6 de noviembre.

En el texto se estipula la creación de una mesa de conversación integrada por tres representantes de Almagro y tres del Gobierno de Nicaragua, sin precisar quiénes son.

Esa mesa, que se reunió ayer, jueves, por primera vez, “abordará en forma conjunta y de manera constructiva” los temas tratados en el informe de Almagro, del que no se aporta ninguna información.

El Ejecutivo de Nicaragua y Almagro presentarán un informe conjunto en tres meses pero, “de no existir acuerdo” cada parte presentará el suyo propio.

Ni el acuerdo ni el comunicado de la OEA del día 16 hacen referencia a las denuncias de falta de transparencia de la oposición nicaragüense, después de que se suspendiera la figura de observación electoral y los poderes del Estado anularan al principal grupo opositor.

Almagro no ha explicado en esta ocasión por qué dio el paso de elaborar el informe ni establecer este mecanismo de diálogo con Nicaragua.

En el acuerdo las partes se limitan a indicar que “se comprometen a apoyar el fortalecimiento de las instituciones democráticas del país de acuerdo a los compromisos del Estado de Nicaragua con los instrumentos normativos del Sistema Interamericano y su ordenamiento jurídico interno”, sin concretar al respecto.

La mesa se reunirá dos veces al mes en Managua o Washington, “según se acuerde”, y no se especifica hasta cuándo estará activa.

El 6 de noviembre próximo los nicaragüenses elegirán presidente, vicepresidente, 90 diputados ante la Asamblea Nacional y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano.

El actual proceso electoral se da en medio de una gran tensión debido a que los poderes Judicial, Electoral y Legislativo han anulado al principal grupo opositor y han despejado el camino al presidente Daniel Ortega, líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ya que el resto de partidos que compite son minoritarios.

Según la Coalición Nacional por la Democracia, que aglutina al principal bloque opositor, los comicios de noviembre serán una “farsa” en la que Ortega se validará gracias a la complicidad del resto de partidos minoritarios que sí competirán con el sandinismo, favorito de acuerdo a los sondeos.

La coalición opositora ha pedido aprovechar el diálogo con la OEA para que Ortega “rectifique, suspenda la farsa electoral e inicie el camino para reabrir la vía cívica”.

Estados Unidos y México han criticado las medidas tomadas en Nicaragua antes de los comicios, pero Almagro se ha mantenido en relativo silencio, con excepción de un tuit publicado en julio en el que opinó que unas “elecciones transparentes y competitivas se logran garantizando los derechos de tod@s los candidatos”.

Nicaragua pidió el pasado junio la renuncia de Almagro a raíz de sus constantes condenas a la situación política y social en Venezuela, como también lo solicitaron Bolivia y el propio Gobierno venezolano.

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