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El abogado Miguel Godoy Servín, de extracción colorada, dice reivindicar la democracia. Tiene la difícil tarea de limpiar el nombre de la Defensoría del Pueblo, que en varias investigaciones de este diario, fue blanco de críticas por una serie de casos de corrupción. Fue designado por la Cámara Baja, el pasado 1 de noviembre, en reemplazo de Manuel Páez Monges, quien estuvo al frente de la institución desde el año 2001.
–¿En qué situación encontró la Defensoría del Pueblo?
–Encontré en muchas situaciones administrativamente irregulares y también una falta de eficacia tremenda en lo que hace al desarrollo del equipo humano de la Defensoría del Pueblo.
–¿A qué se refiere cuando habla de falta de eficacia en lo que respecta al desarrollo del equipo humano?
–Para ser precisos, cargos, coordinadores y diferentes personas que tenían la función o tenían en todo caso un cargo en los papeles, pero en la práctica están limitadas estas personas para desarrollar el trabajo porque no hay computadoras, no hay papel (...).
–¿Cuál es la irregularidad más grave que detectó hasta el momento?
–Una de ellas es, evidentemente, el tema de los expedientes que hacen a la firma de víctimas del stronismo donde de manera muy clara, el defensor del Pueblo anterior, contra dictámenes de la Procuraduría General de la República que decían que no correspondía el pago para supuestas víctimas del stronismo, igual firmaba los expedientes, siendo vinculante el criterio de la Procuraduría para que uno pueda resolver la indemnización.
–¿Algún caso de cobro indebido en particular que recuerde?
–Hemos visto algunos casos donde no existen testimonios, no existen hábeas datas y se trata de personas que estuvieron un día en el calabozo, de repente saliendo de una fiesta, y donde justamente se nota que no eran víctimas del stronismo.
–¿Se encontró algún pago irregular efectuado recientemente?
–Hacienda, en los últimos tiempos, ya empezó a atajar, pero nos encontramos con situaciones demasiado claras, que no ameritan siquiera una investigación exhaustiva.
–¿Cuánto es lo que se habría desembolsado en ese sentido?
–El Estado ha erogado más de USD 110 millones en concepto de supuestas víctimas del stronismo.
–¿Existe ya alguna denuncia en la Fiscalía?
–Dentro de ese mismo contexto, han existido también denuncias penales por hechos punibles contra el patrimonio, sería lesión de confianza, estafa, por G. 5.000 millones, donde supuestas víctimas del stronismo resultaron ser, según los términos de las denuncias, garroteros del stronismo.
–¿Su administración va a denunciar a Páez Monges?
–Tenemos que esperar el informe de la Contraloría. Pero sí ya vamos a ver este tema del cobro indebido, la indemnización de algunas víctimas que no correspondían en lo absoluto.
–¿Puede ser más preciso?
–Vamos a ver qué cantidad hay y vamos a pedir en todo caso que la denuncia que se había planteado ya hace unos años vaya de manera conjunta con otro tipo de instrumentación y verdaderamente sea investigado el hecho.
–¿Qué hace la Contraloría en la institución?
–Está haciendo una auditoría y un corte administrativo, para dar el reinicio a foja 0.
–¿Qué otras irregularidades encontró?
–Llamé y traté de ubicarles a mis funcionarios de las delegaciones del interior, son 21 contratados, y no los encontré en ningún lugar.
–¿Cómo es que no consiguió ubicar a estos funcionarios?
–Yo solamente puedo dar fe por mis funcionarios de acá (sede central) y de la Comisión de Verdad y Justicia que vienen a su trabajo. En las delegaciones no hay relojes marcadores, no hay nada como para controlar la asistencia de los funcionarios.
–¿Seguirán funcionando las delegaciones en estas condiciones?
–No, bajo ningún sentido, con nuestro nuevo organigrama vamos a hacer que ellos empiecen a cumplir las funciones. Lo que queremos hacer finalmente no es expandir de aquí para allá; sino en los lugares más importantes y carenciados queremos que haya una oficina de la Defensoría del Pueblo.
–¿Quiere decir que serán suprimidas algunas delegaciones?
–Así es. Quiero llevar una a Central, otra hacia Paraguarí, otra a San Pedro. En puntos estratégicos donde mayor es la necesidad de la contención y de las recomendaciones, mayor es la necesidad de que exista un defensor del Pueblo.
–¿Cómo piensa hacer para tener el control de la asistencia de los funcionarios en las delegaciones?
–Alquilar nosotros los locales para que podamos tener el control con relojes marcadores, con un sistema de comunicación, con sistema de internet.
–Para ello, ¿requerirá de un aumento presupuestario?
–Estoy pidiendo un aumento del presupuesto. Es de G. 30.000 millones, un aumento de G. 8.000 millones de lo que actualmente maneja la Defensoría.
–¿Algún cambio trascendental, que uno a partir de ahora podrá notar en la institución?
–Por primera vez, la Defensoría del Pueblo va a tener un organigrama y un sistema estructurado. Va a haber personas con funciones específicas, para que la ciudadanía pueda acceder a ellas, de acuerdo con cada problema que tenga.
–¿Cómo hacer para que la ciudadanía conozca más la institución que hoy le toca presidir?
–Vamos a salir a las calles los fines de semana a hacer objeción de conciencia para que la ciudadanía sepa qué se hace en la Defensoría del Pueblo, vamos a ir a los colegios, a las municipalidades y vamos a hacer seminarios constantes. Ampliando nuestro presupuesto también vamos a ver cómo instalarnos mediáticamente.
–¿Evalúa realizar cambios de cabezas?
–En este mismo momento, nosotros queremos terminar esa cuestión administrativa en la Contraloría y vamos a evaluar los cambios para más adelante.
–¿Va a contratar nueva gente?
–Pocas, pero de un alto nivel.
–¿Cómo califica la gestión de Páez Monges?
–Lo que puedo decir como defensor del Pueblo y de lo que ya en este tiempo investigué, que el trabajo de Manuel Páez Monges en la entidad fue ineficiente e inoperante.
–¿Es cierto que viaja esta semana a la Argentina?
–Hemos decidido renunciar a un viaje a Portugal, donde se iba a hacer una convención de derechos humanos, porque nos urge ir a Buenos Aires, donde tres compatriotas fallecieron el pasado martes.
