Según trascendió, los campesinos recibieron la visita de un equipo liderado por el fiscal Armín Echeguren, autoridades policiales y militares hace unas dos semanas.
En esa oportunidad, la comitiva dio un plazo de 15 días para que los pobladores abandonen unas 4.000 hectáreas que ocupan hace más de 8 años.
Son más de 1.200 las familias que corren el riesgo de ser desalojadas.
Las tierras pertenecen al Ministerio de Defensa, pero hace bastante tiempo que se vienen haciendo gestiones para que las mismas pasen a manos de los campesinos, según contó la secretaria general del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), Cecilia Quiroga.
La Procuraduría General de la República es la que promueve el desalojo, según se supo.
“Ya recurrimos a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, a la Conferencia Episcopal Paraguaya, para que puedan intermediar y evitar así el desalojo”, indicó Quiroga.
Anunció que realizarán otras medidas en caso de que sigan siendo amedrentados por los organismos de seguridad.
La dirigente contó que en el lugar funciona un vertedero clandestino que contamina el río y que posiblemente el Ministerio de Defensa le estaría alquilando las tierras.
“Esa situación irregular nadie interviene y al pueblo paraguayo que ocupa las tierras sin embargo rápido nos tratan de invasores y nos quieren desalojar. Eso es bastante grave”, manifestó. “(...) se deja libre a la empresa privada para que actúe contaminando el medioambiente”, agregó.
