El secretario de Estado indicó que hasta el 2006 funcionó la Comisión Especial 3+1, que incluía a los tres países sudamericanos y Estados Unidos, con el fin de investigar los informes americanos sobre el financiamiento. Todos los informes coincidían en que había delitos de lavado, pero no de financiamiento a grupos terroristas islámicos, aseveró Boidanich.
Destacó que el informe de Fundación para la Defensa de la Democracia (FDD), presentado ante el Congreso de los Estados Unidos la semana pasada, relata una realidad clara de cómo funciona el crimen organizado, ya que la frontera es zona de riesgo, pero indicó que varias empresas de fachada ya fueron o están siendo objeto de investigación penal.
Indicó que para poder combatir el lavado es importante tener un cambio en las normas legales. Es decir, promover una ley que prohíba la acción al portador, para que de esa manera disminuyan las empresas de fachada que emiten dinero al portador.