A preguntas de periodistas, la también jefa del Ministerio Público (MP, Fiscalía) indicó que Raúl Osoy, que según el portal estatal de Guatecompras es representante legal de la empresa Topsa Construcciones, también tiene en su contra una orden de captura internacional por el caso de corrupción, aunque no explicó en qué consistió su supuesta participación.
La adjudicación a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) del proyecto para la ampliación de la terminal de Puerto Quetzal, valorado en 255 millones de dólares, es el eje de la trama supuestamente liderada por el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
Según la Fiscalía, TCQ pagó unos 30 millones de dólares en sobornos para lograr la licitación, un hecho por el que ya han sido imputadas 12 personas, entre ellas Pérez Molina y Baldetti, y el representante legal de la empresa, el español Juan José Suárez.
Actualmente, la propiedad de TCQ corresponde en un 85 por ciento al grupo holandés APM Terminal y en un 15 por ciento a la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad del Grupo del Banco Mundial.
Las otras cinco personas que tienen una orden de captura internacional son Allan Herbert Marroquín Castillo, el argentino Mauricio José Garín, William Anthony Schwank López, Guillermo Abraham Lozano Bauer y el español Ángel Pérez-Maura García.
El titular del Juzgado “B” de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, retomará mañana martes la audiencia de primera declaración de los 12 que han sido acusados ya por la fiscalía.