En la colonia Santa Lucía, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) recuperó en el mes de marzo poco más de 3.000 hectáreas de manos de personas no sujetas a la reforma agraria. A partir de este hecho, se abría la posibilidad de acceder a una vida digna a unas 575 familias de Ñacunday.
En abril inició el proceso de reubicación en la colonia de las familias de Ñacunday y concluyó en junio.
En Santa Lucía, cada familia reubicada recibió una hectárea en la zona urbana. Queda pendiente la entrega a cada familia, entre cinco y siete hectáreas en la zona rural, para la producción de renta.
El Gobierno se comprometió, además, con cada familia en entregarle una casa construida por la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat). Algunas familias ya accedieron a la vivienda.
El gobierno de Horacio Cartes es catalogado por diversos sectores sociales como antipopular, designación que el Gobierno busca levantar a partir de la reubicación de las familias, luego de vivir más de dos décadas en extremas condiciones de precariedad.
Días atrás, en un acto realizado en el Palacio de Gobierno, los ex carperos de Ñacunday recibieron de manos del propio presidente Cartes sus certificados de ocupación de los lotes urbanos.
Problemas. En Santa Lucía no es todo color rosa, prueba de ello es que semanas atrás los originarios de Ñacunday cerraron todos los accesos a la colonia como una forma de presión para que la institución agraria entregue a cada familia las parcelas para el cultivo de renta, lo que a la fecha no ocurrió.
Se manejan dos versiones del porqué el ente rural aún no entregó estas parcelas. Uno de los rumores y el que parece tener más aceptación entre los originarios de Ñacunday es que funcionarios del ente alquilaron las tierras a sojeros. La zafra sería recién en enero, y por ello, a la fecha las parcelas no les fueron distribuidas a las familias.
La otra versión es la del Indert, que afirma que en la colonia se están amojonando los lotes para el cultivo extensivo.
En este sentido, cabe mencionar un video grabado por los ex carperos de Ñacunday, que lograron registrar el momento en que un sojero brasileño revela que una parte de las tierras de la colonia le fueron alquiladas por un funcionario del ente.
Justo Cárdenas, responsable de la institución agraria, pidió a la Fiscalía investigar el supuesto alquiler de tierras en la colonia. Dijo que no recibió ninguna denuncia formal al respecto.
Otro problema que existe en Santa Lucía es con los antiguos colonos del lugar, quienes temen que el Indert les despoje de sus tierras para entregarlas a los provenientes de Ñacunday. Desde la institución, en varias oportunidades aseguraron que se respetarán el arraigo y los títulos de propiedad.
La jueza Eresmilda Román Paiva, del Juzgado Civil de Primera Instancia de Itakyry, dictó semanas atrás la medida judicial de no innovar, en el marco de un interdicto de retener la posesión, planteado por miembros de una asociación de pobladores de la colonia. La medida beneficia a unos 22 socios, quienes afirman ser dueños de 17, 18 hasta 20 hectáreas de tierras en la colonia Santa Lucía.
