El Paraguay no cuenta con una política que establezca objetivos claros en torno a los residuos orgánicos (excretas) que afectan no solo a la salud de manera directa e inmediata, sino también indirectamente y a largo plazo a través de los daños ambientales que genera. El Estado ha destinado recursos para la infraestructura en saneamiento, lo que permitió avanzar en las coberturas de servicios y cumplir ciertas metas comprometidas a nivel internacional, como los Objetivos de Desarrollo del Milenio. No obstante, todavía queda bastante por hacer para cubrir la brecha de cobertura y sobre todo mejorar la calidad.
En 2015, el actual Gobierno se comprometió, junto con la mayoría de los países del mundo, a cumplir el Objetivo 6 de Desarrollo Sostenible “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”. Este objetivo y su respectiva meta implican una cobertura del 100% para el 2030, lo cual significa un fuerte esfuerzo no solo en las áreas urbanas, sino también rurales, incluyendo a la población indígena, que es donde actualmente la cobertura es más baja.
Un reciente estudio señala que solo en el Departamento Central uno de los de mayor crecimiento de población en la última década, unas 2.500.000 personas no cuentan con servicios de saneamiento, es decir, cloacas. La situación de Asunción no es mejor. Solo con dar una vuelta por el área de intersección de dos de las avenidas más importantes de la ciudad –San Martín y España– uno puede darse cuenta que el desagüe cloacal está al aire libre con todo lo que ellos significa en términos de la salud de quienes habitan o transitan por la zona.
En este caso, la responsabilidad del sector público es innegable por su debilidad para hacer cumplir las normas y por la impunidad con que continúa la situación, pero también lo tiene el sector privado, especialmente el corporativo, que no incluyó en sus obras un tratamiento adecuado de sus residuos. Las externalidades negativas de este comportamiento terminan afectando a la población y también al Estado que debe destinar recursos a tratar las consecuencias de la salud de quienes recurren a las instituciones públicas de salud.
El saneamiento es un servicio básico imprescindible para el bienestar de las personas y la eficiencia del gasto público. Los déficits en este sentido tienen altos costos tanto para la salud pública como para el bolsillo de las familias. El rol del Estado es central en el financiamiento de la infraestructura necesaria, en la regulación de las conductas privadas y en la penalización de quienes las incumplen. En este sentido, el Ministerio de Obras Públicas, las municipalidades y el Poder Judicial deben actuar para garantizar el bien común y la eficiencia de los escasos recursos disponibles para este objetivo.
