El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) expresó que incluso podría darse la expulsión de la Función Pública si se comprueba la producción o adulteración de documentos. Es que al menos 7 de los 23 imputados por la Fiscalía son funcionarios estatales, como la estudiante Nadia Soledad Ortiz, quien se desempeña como oficial de Secretaría en el Poder Judicial, con un salario de G. 2.619.010, según la planilla de funcionarios de esta entidad.
Además, César Manuel Romero Giménez, quien trabaja en la Fiscalía General del Estado con un sueldo neto de G. 1.455.000.
Otra alumna ya imputada por la Fiscalía que figura como empleada pública es Claudia Romina Carrera Romero, quien percibe un salario neto de G. 1.821.945 en el Poder Judicial. Patricia Marlene Aguirre Faría se desempeña igualmente en el Poder Judicial, con un salario neto de G. 3.795.460. Además, la alumna María Belén Maldonado Silva trabaja en la Cámara de Diputados.