Una de las deficiencias graves en el cumplimiento de las normas de prevención de lavado de dinero detectadas en el sumario, realizado por la Superintendencia de Bancos a Ára, el año pasado, era justamente que para la contratación de Carlos Sosa Palmerola como “asesor de negocios” no habían realizado la debida diligencia, es decir, la verificación de la información y antecedentes del mismo.
Asimismo, ya en el 2013, el Banco Central prohibió a la entidad que continúe realizando operaciones de cambio y transferencia de divisas con otras entidades de Brasil y Bolivia, con las cuales tampoco cumplió las normativas, como la identificación de los remitentes y de los receptores.
Luego de esta determinación, la rentabilidad de la institución vino en caída, reflejando en cierta medida la finalidad de su apertura.
Por estas y otras irregularidades en materia de prevención de blanqueo de capitales, la Superintendencia había instruido sumario a la financiera en el año 2013, tras lo cual fue sancionada y multada (2014) por la suma de USD 546.000 –aunque la multa aún no se pagó por encontrarse en instancias judiciales–.
En lo que respecta a Sosa Palmerola, esta es la única vinculación real (en documentos) encontrada hasta el momento con la entidad, ya que el mismo no figura ni como miembro del Directorio ni como accionista, aunque sí lo era su madre, María Ramona Palmerola, con el 40,2% de participación accionaria.
Los otros accionistas son José Ignacio González Macchi, con 24%; Luis Alder Benítez (ex presidente), 16,7%; Antonio Draguicevich, con 16,7% y Justo Ibarra (último presidente de la entidad), 2,4%.
AHORRISTAS Y FUNCIONARIOS. Ahorristas y funcionarios de la financiera Ára se acercaron ayer a la casa matriz a solicitar explicaciones sobre el futuro de la institución.
El propio titular del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), José Meza, y los interventores estuvieron presentes y brindaron las explicaciones respectivas.
Los interventores, quienes están encargados actualmente de la administración y liquidación de la compañía, tendrán a su cargo la determinación de si se venderá la cartera de activos y pasivos de Ára, de manera que los ahorristas no pierdan sus fondos, sino que simplemente migren a otra entidad financiera (sobre todo quienes tienen montos por encima de la cobertura del FGD). De hecho, varias entidades ya manifestaron su interés en la cartera.
En lo que respecta a los más de 300 funcionarios, se procederá a la liquidación gradual, ya que para seguir con el proceso de resolución, se requiere aún del trabajo de determinados funcionarios. Pero gran parte de ellos ya están buscando trabajo, según sus propias manifestaciones.